Jueces y fiscales exigen la dimisión de Gallardón y amenazan con una huelga

Si el ministro mantiene la nueva Ley de Tasas.

Advierten de que la Ley de Tasas se trata de «un mero parche para cercenar y limitar  el gran colapso que tenemos en la Administración de Justicia».

Es la «primera vez que, de manera unitaria, todas las asociaciones de  jueces y fiscales convocan una protesta enfrente

Unos doscientos jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid han pedido este viernes la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una concentración organizada por la Comisión Interasociativa a las puertas de la sede del Ministerio, y han amenazado con convocar una huelga en el mes de diciembre si mantiene la Ley de Tasas, además de modificar otros proyectos legislativos en los que trabaja el Gobierno.

Durante la protesta, que ha tenido lugar a las 13.30 horas, los manifestantes han cortado el tráfico de la calle San Bernardo y han gritado ‘Gallardón, dimisión’; ‘Gallardón dimite, los fiscales no te admiten’; ‘Menos Gallardón, más Constitución; ‘Tasas, no’. Entre los asistentes a la manifestación ha estado el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz.

El juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), José Luis González Armengol, ha leído un manifiesto, que también ha sido leído en todas las capitales de provincia, con diez propuestas que pretenden «hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables de la Justicia, recordando que ésta no puede ser vista como un problema».

«Debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis, Una Justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Una Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica», ha declarado Armengol ante los medios de comunicación.

Así, entre las propuestas de los jueces y fiscales están: la «retirada inmediata» del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ), que «perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica»; la potenciación de la «estructura y competencias» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal y la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar su «independencia y eficacia».

Además, exigen el «aumento» de la planta de jueces y fiscales «hasta alcanzar los parámetros» de la media europea; que la justicia sea impartida «exclusivamente» por jueces y fiscales profesionales; que el CGPJ y la Fiscalía General del Estado determinen de forma «definitiva» la carga de trabajo; la creación de una «nueva» demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales.

Asimismo, han pedido la «adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación» en que, a su juicio, se encuentran los juzgados y las fiscalías; la regulación de un estatuto judicial y fiscal «acorde a la especialidad de la función que desempeñan» y la aplicación de «tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia», circunstancia que, desde su punto de vista, «no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas».

Estas propuestas han sido entregadas en un documento al Ministerio de Justicia y están ratificadas por González Armengol, por la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez; el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquím Bosh; el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado; José Hidalgo, de la Asociación de Fiscales (AF); José María Caballero, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Por otra parte, González Armengol ha manifestado que la concentración de hoy es «una convocatoria de jueces y fiscales, incluso con el apoyo de otros colectivos como el Colegio de Abogados, que responde clarísimamente a que la Administración de Justicia necesita no parches, no reformas como las que se pretende con el tema de la tasa o el del CGPJ, sino que requiere una reforma de calado, profunda donde los graves problemas estructurales sean corregidos de una vez por todas».

«Es la primera vez que se organiza una agrupación de jueces y fiscales, donde hemos consensuado absolutamente todas las asociaciones con las distintas sensibilidades un frente común por una Justicia ágil, independiente, moderna donde se garantice perfectamente la independencia de los jueces y la imparcialidad de los fiscales», ha argumentado.

En relación con la Ley de Tasas, ha advertido de que se trata de «un mero parche para cercenar y limitar el gran colapso que tenemos en la Administración de Justicia». «Nosotros no queremos que se nos limite la carga de trabajo a costa de los ciudadanos porque hay otros modos. La consecuencia directa de esta Ley es que va a haber en torno a un 25 por ciento de personas que no va a poder litigar por un problema económico», ha insistido.

Sobre la posibilidad de ir a la huelga, ha dicho que es un tema que «está encima de la mesa» y que «absolutamente todas las asociaciones» estarían de acuerdo, pero que tienen que «concretar el medio y forma». «Vamos a hacer hoy una valoración y la semana que viene, muy probablemente el lunes o el martes se adoptarán las medidas correspondientes para el mes de diciembre», ha asegurado.

En esta línea, Javier Mariano Ballesteros, de la APM ha dicho que, antes de ir a la huelga, quieren agotar la vía de la negociación «con el Gobierno y con todos los grupos parlamentarios, para hablar sobre qué es lo que necesita la Justicia para que sea una auténtica Justicia de calidad». «Tenemos que tener en cuenta que lo que interesa a los jueces va a interesar a la sociedad. Cuanto mejor esté la calidad de la Justicia, mejor va a funcionar el Estado de derecho y la sociedad», ha destacado.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia ha calificado la concentración de hecho «histórico» porque es la «primera vez que, de manera unitaria, todas las asociaciones de jueces y fiscales convocan una protesta enfrente del Ministerio de Justicia» y ha anunciado que «si no se encuentran soluciones inmediatas», las asociaciones de jueces y fiscales están buscando «una fecha concreta para convocar una huelga en el mes de diciembre».

«Desde JpD reprobamos la gestión del ministro Gallardón porque consideramos que no está siendo capaz de solucionar los graves problemas que tiene la Justicia en nuestro país. Exigimos que, en lugar de los recortes que se están aplicando, se aporten los medios necesarios», ha sentenciado Bosh, al tiempo que ha advertido de que la «situación es muy grave» y que «todos los sectores de la justicia están en contra de la gestión de Gallardón».

Finalmente, Javier Comín, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha señalado que «estamos en un momento histórico, que significa el desmantelamiento del Estado social y de Derecho». «La Ley de Tasas es un ataque frontal contra el derecho de todo ciudadano de acceso a la justicia», ha denunciado, para concluir lamentando que «la Justicia ha dejado de ser gratuita».

del Ministerio de  Justicia», destacan.