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Enrique Barrera Beitia
No tengo la menor duda de que si el presidente de la autonomía valenciana pudiera retroceder al día 29, su comportamiento habría sido muy distinto, porque con toda seguridad pensó que la gota fría no iba a ser tan grave.
De saber lo que iba a pasar, habría prohibido desde la mañana las actividades al aire libre, ordenado cerrar los colegios, suspender las actividades económicas, y habría encarecido a la población que se confinase en sus viviendas. Si hubiera hecho todo esto, se habría reducido el número de fallecidos en esta catástrofe ambiental que, hay que recordarlo, ha sido de magnitud histórica no tanto por la cantidad de lluvia descargada, sino porque sorprendentemente lo ha hecho en el interior y no en el litoral, de manera que las riadas han anegado una superficie mucho más extensa.
El caso es que los gobiernos central y valenciano están cooperando estrechamente desde el día 30. Más allá de unas tempranas declaraciones de Margarita Robles, ministra del Ejército y verso suelto, no hay una ofensiva dialéctica contra Carlos Mazón ni intención de retirarle las competencias, porque se crearía un vacío de poder que aunque sólo durase dos o tres días, acarrearía enormes perjuicios en los primeros trabajos. Este caso no es comparable a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, porque aquella fue una crisis política donde la administración autonómica era el problema, mientras que aquí es parte imprescindible de la solución.
Lo que no cabe duda es que la catástrofe ambiental en Valencia cambia completamente el escenario político en España. Los casos judiciales que dominaban el relato pasan necesariamente a un segundo plano, y la atención se centrará en lo que haga el gobierno en la comunidad valenciana, y este seguimiento será prolongado, aunque lógicamente disminuya gradualmente su intensidad.
Tras unos primeros días en que Alberto Núñez Feijóo coqueteó con la idea de instrumentalizar la desesperación de los valencianos contra el gobierno central, ha pedido que Pedro Sánchez declare la emergencia nacional, sabiendo que esto arrebataría el control de la gestión al gobierno autonómico, paradoja de la que cada cual sacará las
oportunas conclusiones. La mía es que considera a Carlos Mazón quemado y no quiere que sea el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas.
