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El texto va «en la línea» de la suspensión de los desahucios de vivienda habitual de colectivos «especialmente vulnerables» que estudiaban, asegura la CECA.
Ven con buenos ojos la creación de un parque de viviendas procedentes de la banca para alojar a las familias que hayan sido desahuciadas
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha valorado este jueves positivamente el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para paliar el problema social de los desahucios y ha ofrecido su «máxima colaboración» al Gobierno para implementarlo.
Fuentes de la confederación han explicado que el texto aprobado hoy va «en la línea» de la suspensión de los desahucios de vivienda habitual de colectivos «especialmente vulnerables hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades» anunciado por la CECA el lunes.
Además, celebran que el Gobierno haya reconocido el trabajo de las entidades financieras.
Por otra parte, ven con buenos ojos la creación de un parque de viviendas procedentes de la banca para alojar a las familias que hayan sido desahuciadas. «Tenemos larga experiencia en esta materia porque hemos trabajado en ello a través de la Obra Social de las cajas de ahorros», han explicado.
PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos ha anunciado la creación de un parque de vivienda social para aquellos que se han quedado sin vivienda. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que este fondo de viviendas ofrecerá alquileres a “precios muy razonables”, aunque no se han dado más detalles.
Estas son los primeros pasos dados por el Gobierno. Después debería venir una segunda fase. La Vicepresidenta ha señalado que seguirá negociando con el resto de partidos para llevar a cabo otros cambios.
LO QUE NO HA TOCADO EL DECRETON
¿Ha sido esta una reforma light? Parece que sí a todas luces aunque el margen de maniobra del Gobierno, por tiempo y por circunstancias tanto económicas como políticas, era más que escaso. Así el Ejecutivo on ha descartado que se pudiera entrar en este tema más a fondo en un período más largo de tiempo. Al menos la presión social ha hecho que haya familas que tengan dos años de margen para no verse en la calle. Estos son algunos puntos que el nuevo decreto no toca:
Nada de medidas retroactivas: Entraba dentro de la lógica que el Gobierno no entrara a legislar con carácter retroactivo. Primero, y tal y como ha avisado Bruselas, para cambiar de forma radical la legislación… había que tener permiso. Los bancos ya habían expresado el caos que habría supuesto revisar la actual situación mirando hacia atrás. La conclusión es que los que hayan perdido su casa o hayan sido desahuciados no se beneficiarán del nuevo decreto aunque cumplan las condiciones para ello. Sí podrán no obstante, optar a una vivienda de alquiler bajo.
No se tocan los intereses de demora: Se había especulado con esta posibilidad, aunque el Gobierno sabía que habría herido de muerte el Banco Malo y las cuentas de resultados de los bancos. Para reparar una cosa, el Ejecutivo no quería destrozar otra. Este ha sido uno de los escollos fundamentales para el acuerdo del PSOE y del PP. Los socialistas querían que el valor de tasación en las subastas no fuera inferior al valor de la tasación. Puede que en un futuro este tema sea resuelto, pero como ha explicado la vicepresidenta…. el PSOE también es un partido destinado a Gobernar.
No se tocan los intereses de demora: El PSOE no quería que fueran más de dos puntos superiores a los intereses remunerados (ahora pueden llegar a rondar los diez puntos), pero el Gobierno también ha dicho no a esta propuesta.
Interesante y ponderado editorial sobre las leyes precipitadas.Libertad Digital lo estudia en su editorial de hoy con una amplia visión del problema. A mi que me gusta rebuscar en las opiniones ajenas me ha gustado y es por eso que lo expongo en este medio que tiene unos lectores quizás de otras muchas màs ideologías que la que se presupone es exclusiva de LD.
16-XI-2012
Una ley peligrosa
EDITORIAL
No cabe duda de que el problema de los desahucios ha tomado en las últimas semanas una enorme dimensión mediática que, probablemente, no se corresponde con su verdadera dimensión, al menos a día de hoy, en la sociedad española.
Sin embargo, una mayoría de los medios de comunicación, en los que el izquierdismo es más una norma que una tendencia, nos ha intentado conmover con las terribles historias de pobres ciudadanos que, tal y como nos vienen contando, están siendo avasallados por la malvada banca, quintaesencia del capitalismo y por tanto del mal.
No se puede ser, desde luego, insensible al sufrimiento que estos hechos producen en quienes los padecen, pero en no pocas ocasiones se oculta una parte importante de la historia: los tremendos e irresponsables riesgos que asumieron muchos de los que ahora pierden su hogar, o que el problema no afecta a centenares de miles de españoles, ya que los desahucios de primeras viviendas son un porcentaje mínimo de los procedimientos judiciales efectuados en los últimos años.
Espoleado por esta marea mediática que llegó a su cénit con un aprovechamiento lamentable de casos de suicidio presuntamente relacionados con desahucios, y presionado también por la oposición, el Gobierno ha decidido acometer una serie de cambios legislativos con una inusitada rapidez.
Lo de «legislar en caliente» no valía cuando se trataba de delitos que han estremecido a la sociedad, ni para las nuevas formas de delincuencia o para problemas como la reincidencia en el delito. Para los desahucios, en cambio, sí. En esta cuestión se ha legislado no en caliente, sino al rojo vivo.
El resultado es una ley que puede que, en un primer momento, acabe con las terribles escenas propias de un desahucio, y que aplace el sufrimiento de las familias que se enfrentan a uno; pero que al mismo tiempo genera diversos peligros para los mercados hipotecario e inmobiliario, como por otra parte suele ocurrir con el intervencionismo estatal: cuando el Estado aparentemente arregla algo por aquí… algo peor se descompone por allá.
El primero de estos peligros es que la normativa resulta todo un estímulo para que cambie algo que hasta el momento era una ley no escrita: lo último que los españoles dejan de pagar es la hipoteca. De ahora en adelante ya no estará ahí la más poderosa razón que había para ese comportamiento, que hasta el propio De Guindos ha reconocido hoy: ahora no te van a echar de tu casa, por mucho que no pagues.
Se argumentará que un plazo de dos años es poco tiempo y que eso no hará que aquellos que realmente puedan hacerlo dejen de pagar, pero el plazo que ahora marca el Gobierno puede cumplirse o no, y la experiencia nos dice que retirar una medida de este tipo no suele ser plato político de gusto. Finalmente, lo provisional acaba convirtiéndose en permanente y ahí tenemos, como buen ejemplo de ello, el subsidio a los parados sin prestación.
Esa posibilidad de prolongarse indefinidamente es el segundo riesgo que entraña esta norma, que además establece para su aplicación límites arbitrarios y, por tanto, injustos.
Justo es reconocer, en cualquier caso, que al menos el Gobierno ha desoído los cantos de sirena de una izquierda desnortada y no ha accedido a suspender los procedimientos judiciales de desalojo, lo que habría sido mucho más grave, al significar de facto la suspensión de las garantías jurídicas en un sector que no está para bromas.
En definitiva, nadie quiere que las familias menos favorecidas sufran gratuitamente, pero el Estado no puede ser el protector omnipotente ante todos los errores o los problemas de los ciudadanos.