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El juicio por la catástrofe marítima del Prestige, ocurrido en 2002 ante la costa gallega, se reanudará el 13 de noviembre con la declaración del capitán del patrolero, Apostolos Mangouras, y los otros dos acusados presentes, después de que este miércoles haya concluido el trámite para las cuestiones procesales. La admisión o no de las testificales y pruebas periciales aportadas por las partes deberán de ser ahora resueltas en un auto por el tribunal.
En esta segunda sesión, las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Xunta, y la defensa del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, han rechazado la suspensión del juicio planteada por el abogado del capitán ante la ausencia en el mismo de la compañía Universe Maritime, gestora comercial del buque.
La Sala había fijado hasta el 23 de octubre para las cuestiones procesales, pero finalmente esta fase ha concluido antes de lo previsto, por lo que el juicio se reanudará en noviembre con la declaración de los tres acusados que se han presentado: el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. El primer oficial del buque, Irineo Maloto, de origen filipino, continúa en paradero desconocido y fue declarado en rebeldía.
En el juicio, las partes personadas, tanto las de la acusación como de la defensa, han coincidido en que se admitan las pruebas propuestas «para no invocar a indefensiones», ha indicado el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz.
«Conspiración» contra Mangouras
No obstante, en su intervención, la Fiscalía se ha mostrado crítica con las tesis del letrado de la defensa sobre la actuación de la Administración española con el capitán del barco. Así, ha tildado de «exagerado» hablar de «conspiración» contra Mangouras por parte de la misma.
Mientras, el abogado del capitán, José María Ruiz Soroa, ha pedido que se observe con todas las periciales «el mismo criterio», ante las críticas que suscitó la suya por parte de la Abogacía del Estado. Así, ha respaldado que se admita la pericial de la Fiscalía sobre los daños de la catástrofe aunque ha tildado de «notable» el aumento de la misma, de 2.200 a 4.442 millones.
Las acusaciones también han rechazado la suspensión del juicio planteada por el letrado de Apostolos Mangouras por no estar presente la compañía gestora del barco, Universe Maritime, para la que se pide responsabilidad civi subsidiaria.
«No está porque no quiere», ha recalcado el fiscal para quien, con ello, busca «evitar ser enjuiciada por los tribunales españoles». Varias partes, entre ellas la Abogacía del Estado y la Xunta, se han reservado ejercer acciones civiles si no se ejecuta la responsabilidad civil contra esta compañía.
Fiscalía y nunca máis
La pericial del ingeniero naval Santiago Martín Criado, sobre la situación de la estructura del barco y la decisión de alejar el barco, que respalda, ha suscitado también un enfrentamiento dialéctico entre la Fiscalía y el abogado de «Nunca Máis», Francisco Fernández, tras denunciar el Ministerio Público una «estrategia» para desprestigiar esta pericial.
El letrado de «Nunca Máis» lo ha negado y ha insistido en que se les «ocultó» que este perito hubiese participado en una reunión del gabinete de crisis constituido tras el «Prestige», una circunstancia que le impedía, a su juicio, ejercer como perito.
Con un argumento similar, el abogado de Mare Shipping, propietaria del barco, ha criticado una pericial que, en su opinión, «se lo puso al Estado en bandeja para poder crucificar al capitán». Además, frente a las tesis de las acusaciones, ha negado que el buque hubiese estado «abandonado».
Al margen de esta cuestión, las partes han rechazado la nulidad parcial del procedimiento que pedía la defensa de Mangouras o el sobreseimiento de la acusación por un delito contra el medioambiente.
En el juicio, el abogado del Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) ha vuelto a reclamar que se admita su pericial para tener una «prueba clarificadora de los aspectos económicos», algo que ha respaldado el abogado de las cofradías para «deslegitimar» a este organismo «que todo lo reduce a que no ha habido daños».
Apoyo al abogado de oficio
Al margen de las cuestiones procesales, el juicio ha servido también para expresar el malestar de los letrados por la situación del abogado de oficio que representa al jefe de máquinas. De nuevo, ha pedido una remuneración «adecuada» para ejercer su trabajo, después de que denunciase que solo percibirá «455 euros por siete meses».
De «bochornoso» e «indigno» han calificado algunos de sus compañeros la actuación de la Xunta, mientras que el letrado de la Administración autonómica se ha comprometido a hacer gestiones para subsanar esta situación
