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El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, aseguró el pasado lunes en el Congreso, que los acuerdos suscritos entre Pemex y Navantia para construir dos floteles en Ferrol y Vigo son «contratos en firme», después de las dudas suscitadas en los últimos días.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Aguirre afirmó que el «importante» acuerdo para construir dos barcos de apoyo a la industria petrolera de Pemex son «dos contratos en firme que claramente supondrán carga de trabajo no sólo para Navantia en Ferrol, no sólo para los astilleros privados de Vigo, sino también para la industria auxiliar».
Sin embargo, el portavoz socialista en la materia, el gallego Miguel Cortizo, reclamó a Aguirre que, para poder creer esas afirmaciones, el presidente de la SEPI –que posee el cien por cien de las acciones de Navantia– debería enseñar esos contratos y acabar con todas las especulaciones y polémicas.
«¿Será capaz de mentir sobre la construcción de unos buques, jugando con el drama de miles de personas o es que esto es una tergiversación de la oposición, que somos una especie de diablos vestidos para la ocasión de trabajadores de Navantia y estamos empeñados en colgarles de las grúas de los astilleros? Esto tiene fácil solución: transparencia, enseñar los contratos», recomendó.
Delito electoral
A renglón seguido, recordó que la Junta Electoral Central dictaminó que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, infringió la Ley Electoral al asistir al acto de firma del contrato durante la precampaña electoral.
«Que sólo sea ese delito. Coño, enséñenoslos. Si no quiere enseñarlos a esta Cámara, si no quiere demostrar y zanjar esta polémica que es mala para el país, para la industria naval, teniendo un instrumento tan fácil de acabar con esta polémica, entonces dejaré de creerle y le consideraré un mentiroso y un cómplice de la mentira del presidente de la Xunta por un bastardo interés electoral», dijo el socialista.
En su réplica, Aguirre reconoció que durante su vida política le habían llamado «muchas cosas» pero negó ser «bastardo, ni cómplice ni mentiroso», y enseñó a los miembros de la comisión el contrato firmado entre Navantia y Pemex, provocando el aplauso de los diputados ‘populares’.
Callados por contrato
A renglón seguido, leyó la cláusula de publicidad incluida en dicho contrato, en la que se prohíbe a Navantia «divulgar la existencia o el contenido» de dicho documento salvo a través de notas de prensa «previamente aprobadas» por Pemex.
«Así que cuando estamos calladitos es porque queremos que (los contratos) salgan, ¿y usted? Yo no estoy autorizado a enseñárselo, y tampoco el presidente de la Xunta, que nada tiene que ver con Navantia. Así que ni es mentiroso, ni oculta la verdad, ni engaña a nadie. Está cumpliendo religiosamente la legalidad vigente», señaló Aguirre.
Además, citó un teletipo de este mismo lunes informando de que trabajadores de Navantia, de Astilleros Barreras y de PMI –la filial estadounidense de Pemex– trabajan ya en México en «las especificaciones técnicas del buque». «Si leyera los teletipos habría podido ver que estamos ante una realidad incontestable. Así que vamos a seguir trabajando en silencio para poder tener la construcción totalmente en marcha, para poder cortar chapa lo antes posible», terminó, replicando al diputado socialista a que, si «aún le quedan dudas» sobre el contrato, es «porque quiere» tenerlas.
La salida por la internalización
Al margen del contrato de Pemex, la empresa Navantia también consiguió el pasado julio un «contrato histórico» de reparación de buques de guerra de la Armada argelina, y destacó que esta contratación permitirá «garantizar los puestos de trabajo de reparaciones por tres y cinco años», subrayando asimismo que la obtención de este concurso fue posible porque una entidad financiera respaldó la propuesta española.
«Sólo una, todas las demás nos dieron la espalda», lamentó, recordando que «cuando se va a estos concursos hay que ir con unidad de acción, no sólo del Gobierno y la empresa, sino escoltados por entidades financieras para poder presentar avales que lo hagan posible».
Por otra parte, Aguirre recordó que el Ministerio de Defensa, hasta hace poco el «cliente exclusivista» de la empresa, debe actualmente a Navantia 3.454 millones de euros de legislaturas anteriores a los que no puede hacer frente por estar en un proceso de austeridad similar al de resto de administraciones públicas, lo que también deja fuera de toda posibilidad la firma de nuevos pedidos.
«Abrirse al exterior»
Por eso, «Navantia tiene que reorientar su línea de negocios», según defendió Aguirre, para quien «la única posibilidad es la internacionalización» de la compañía, que debe «abrir mercados en el exterior para poder obtener nuevos clientes» a la par que «diversifica sus mercados».
«Navantia no puede estar sólo vinculada a pedidos militares, tiene que abrirse a la construcción privada, al campo de las reparaciones, etcétera», dijo el presidente de la SEPI, recordando en este sentido que es fundamental que la Comisión Europea (CE) resuelva «definitivamente» el conflicto sobre el ‘tax lease’ (el sistema de bonificación fiscal a la construcción de buques) para poder contratar de nuevo, tras más de un año de parálisis.
En este sentido, hizo un «llamamiento a la unidad de acción» de los partidos políticos en Bruselas para «evitar lo que sería un riesgo casi definitivo, un golpe de suerte para Navantia», como sería una «conclusión adversa» de este asunto. Además, recordó que está previsto la fusión de Navantia con Remolcadores del Noroeste (RENOSA, S.A.).
Reunión con los sindicatos
Por último, Aguirre indicó que hoy martes a las 9.30 horas se reunirá con CC.OO. y UGT en la sede de la sociedad para «explorar el próximo horizonte inmediato del desarrollo industrial del sector naval español».
En este sentido, lamentó que mientras durante los últimos siete años de Ejecutivo socialista no se firmó ni un solo contrato para Navantia y los trabajadores no protestaron, desde que el PP llegó al Gobierno ha habido encierros de trabajadores en Cádiz, en Ferrol o en Madrid reclamando carga de trabajo.
«Se me hace muy curioso que ahora, en cuanto ha llegado el PP al Gobierno, hay pitos, tambores, ruido, bronca… Y se producen estas reclamaciones legítimas que me chocan porque es una película que me parece que ya he visto», ha concluyó, afeando también a los socialistas que no hicieron mención ni «de los siete años sin un solo pedido» ni del «encargo histórico» de Argelia.
