La llamada ley del “Solo sí es sí” supone, además de la rebaja de condenas o excarcelaciones a abusadores o agresores sexuales, la evidencia de que los legisladores del sector podemita del binomio gubernamental sanchista carecen de la mínima solvencia para legislar en materia delicada que afecta al Código Penal.

Esta evidencia no se limita a la persona de la impresentable y provocadora ministra Irene Montero sino al conjunto del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que envió este engendro al parlamento, al grupo parlamentario cuya asesoría no advirtió de los problemas que el texto legal provocaría y, muy especialmente, a la ministra de Justicia Pilar Llop de cuyo departamento depende la Comisión General de Codificación, consciente de que esta comisión no había sido consultada.

Este órgano de la Administración General del Estado es una asesoría que, como tal, solo puede dar su criterio si se lo piden. No existe la exigencia de su dictamen previo porque no ostenta poder legislativo, que solo tienen las Cortes Generales en cuanto representantes de la voluntad popular.

Pero todos los gobernantes sensatos saben que el Derecho no se aprende automáticamente en la lucha política sino en la facultad correspondiente. Por ello, la Comisión de Codificación está formada por juristas y penalistas que saben perfectamente los problemas que puede originar cualquier reforma legal que afecte a una materia tan sensible como es el Código Penal, tanto para las personas condenadas como para las víctimas de los condenados.

La Comisión no es un órgano político y, por tanto, es ajena a los principios doctrinales que se reflejan en las leyes. El actual Código Penal ha sufrido 43 reformas desde 1.995. Al ministro de Justicia le corresponde velar por que las leyes que envía a las Cortes Generales el Gobierno del que forma parte sustancial sean revisadas por la Comisión de Codificación de su departamento y advertir al conjunto del Gobierno de los dislates que puedan salir de la cabeza de la impresentable ministra Irene Montero.

Las consecuencias de un principio perenne del Derecho Penal como es la retroactividad de las nuevas normas cuando éstas resulten favorables al reo es algo que de ningún modo imaginable pasaría desapercibido a los miembros de la sección penal del Comité de Codificación. Si se evita intencionadamente conocer la opinión previa de los penalistas estamos ante una muestra de ineptitud gubernamental para cumplir seriamente sus tareas y no bailar al capricho de la impresentable ministra Irene Montero.

Quiso el Gobierno salir del atolladero remitiendo el problema al Tribunal Supremo. No lo ha conseguido porque, al igual que la Comisión de Codificación, sabe más de Derecho Penal que toda la tropa de Podemos reunida. También el Supremo sabe salvar los principios jurídicos sin polemizar. El Supremo ha sentenciado un caso exponiendo que “podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos que así procedan”, es decir, caso por caso.

No hay, porque no es necesaria, una respuesta global sino el imperativo de analizar caso por caso, primando la aplicación retroactiva en beneficio del reo. No hay posible solución jurídica salvo el cambio o retirada de la ley como reconocimiento de la chapuza de la impresentable ministra Irene Montero, de la pasividad de la ministra de Justicia y el desbarajuste funcional del Gobierno de Pedro Sánchez. La ley “Solo sí es sí” no vale tal cual fue redactada porque sus efectos más relevantes son favorecer a los delincuentes sexuales.