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José Manuel Otero Lastres
Como seguramente saben, existe una petición de indulto para José Griñán con vistas a que no ingrese en prisión. Según los datos que manejan los medios, la petición habría sido firmada por varios miles de personas, entre las que figuran políticos de los principales partidos, intelectuales, gente del mundo del Deporte, Rectores universitarios, músicos, etc. Y a uno eso le produce desconcierto.Es verdad que el indulto es una medida de gracia para los condenados porque los que no lo hayan sido no lo necesitan. Es verdad que el condenado en firme en un proceso con todas las garantías se convierte en delincuente. Y es verdad también que la concesión del indulto en la medida en que enerva los efectos de una sentencia condenatoria debe concederse con ejemplaridad: cumplir escrupulosamente los requisitos legales y que el “indultable” lo merezca. Es decir que reúna alguna condición que lo haga digno de la medida de gracia.
Si me pidieran a mi que me sumase a la petición de indulto, creo que mi particular ponderación de las circunstancias me llevarían a no firmar la petición.
Examinaría las razones que se invocan para su concesión. Y de todas ellas me fijaría en las de sus más allegados: su mujer e hijos, porque son los más parciales y los que aducirían todo tipo de razones sin temor a excederse.
Pues bien, ellos afirman que el expresidente andaluz es «un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el Estado del Bienestar, y por un profundo respeto a las instituciones del Estado, incluidos, por supuesto, los Tribunales de Justicia, sobre los que siempre ha mantenido un prudente silencio en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años».
Y defienden igualmente que el solicitante del indulto «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar».
No me tengo por una persona dura, sino más bien por lo contrario: de acceder fácilmente a mi sentido de la compasión. Pero ninguna de estas dos razones me convencen.
La primera porque si el señor Griñán hubiera sido, de verdad, como dice su familia no habrían existido los EREs delictivos. No los habría consentido. Y la segunda porque para que exista el delito de malversación de fondos públicos no se exige que el delincuente se lleve dinero, como tampoco se exige por ejemplo en el delito de rebelión o de sedición. Se persiguen otros fines y Griñán consintió la malversación de caudales públicos porque tales fines (clientela electoral para el partido) se consiguieron plenamente.
