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Que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso estuviese compuesta por representantes de los grupos mayoritarios no era un abuso para mortificar a los pobres independentistas sino un criterio de sentido común.No se sabe si con intención de distraernos de esta aberración, el 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, de madrugada se ha despertado a los periodistas que hacen información en la Moncloa para comunicarles que han sido infectados por el sistema Pegasus los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa.
Estas intrusiones externas quieren decir, en lenguaje gubernamental, que han sido hechas por factores ajenos al Centro Nacional de Inteligencia, cuyo servicio de criptología tuvo la oportunidad de conocer tan malignos hechos en estas fiestas y tras que el errante señor Puigdemont se enterase de que habían sido infectados los teléfonos de una serie de activistas catalanes, al parecer de manera preventiva a las actuaciones y disturbios perpetrados en Barcelona.
Da la impresión de que el Gobierno desea ser tenido como víctima del famoso e internacional sistema Pegaso, extendido por más de una docena de países del mundo pero, extrañamente, en el caso de España, al servicio de particulares desconocidos hasta la fecha. El programa israelí Pegaso es una empresa que vende sus métodos, según parece, a cualquier agente externo y no solo a los servicios de seguridad de los Estados.
El señor Puigdemont dispone, según parece, de un servicio, también externo, de espionaje de los espías de Pegaso, más avanzado que el centro de criptología del CNI que ha tardado hasta el 2 de mayo, fiesta de la independencia de España, para enterarse de que estaban infectados por elementos externos los teléfonos móviles de los citados miembros del Gobierno y otros por aparecer. No deben, por tanto, disgustarse estos personajes separatistas porque el Gobierno de España sufre las mismas intrusiones que ellos.
La diferencia está en que ellos pudieron ser infectados legalmente, es decir con mandato judicial, y el Gobierno por elementos ilícitos que según el ministro de la Presidencia corresponde investigar al Poder Judicial. Todo parece una comedia cinematográfica de cuentos de agentes secretos.
No va a ser necesario esperar a que funcione a pleno rendimiento la Comisión de Secretos Oficiales porque estas intrusiones telefónicas van a ser puestas a disposición del público con esta escenificación sin precedentes en que un Gobierno se pone al mismo nivel de víctima que los responsables de un intento de golpe de Estado secesionista. Aquí se espía, diremos, como el famoso personaje de Casablanca. Todo da la impresión de una frivolidad y un oportunismo sin precedentes en el tratamiento de los asuntos referentes a la seguridad del Estado.
Unos psicópatas del separatismo se han apresurado a acusar a un servicio de Inteligencia prestigioso que a ningún español honrado molesta y el propio Gobierno ha lanzado la sospecha de que existen otros servicios de Inteligencia que espían a los altos dirigentes del Gobierno que tienen la costumbre imprudente de usar sus teléfonos móviles sin garantía de privacidad y afectados por misteriosos agentes enemigos de Pedro Sánchez.
Se está abriendo una polémica que nunca debió abrirse. Inoportunamente, en tiempos de una guerra en la que, por mucho que le disguste a algún miembro del Gobierno de coalición y a varios de la Comisión de Secretos Oficiales, España está del lado de Ucrania con armas y bagajes.
Vivimos unos momentos en que es muy probable que algunas de las misiones que está desarrollando España en el exterior, por tierra, mar y aire, estén necesitadas de servicios de inteligencia serios y no de historias de Mortadelo y Filemón. Al periodista Ronan Farrow, del New Yorker más le valiera ocuparse de los trabajos de la CIA y de las actividades en el mundo de los distintos Pegaso extendidos por la tierra y no lanzar sospechas sobre los servicios españoles que defienden a España de golpes de Estado favorecidos por Putin.
El abogado Gonzalo Boye se ha querellado en Alemania, Francia, Bélgica, Portugal y Suiza por ser países de estancia de los separatistas supuestamente espiados. Está apañado si cree que va a prosperar este dislate jurídico y que va a repercutir en contra de la sentencia firme de condena al errante Puigdemont. Todo este barullo no puede difuminar cómo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet se ha cargado un consenso establecido hace cuatro décadas con un procedimiento relámpago, actuando como una disciplinada funcionaria administrativa del Poder Ejecutivo y no como titular de la autoridad legislativa del Estado.
No consta que la señora Batet haya sido espiada por el sistema Pegaso como la ministra de Defensa Margarita Robles que, a pesar de formar parte de un Gobierno de turbia coalición con tardocomunistas, defiende al Centro Nacional de Inteligencia y a las Fuerzas Armadas como corresponde a una ministra de un país integrado en la OTAN. No ha sido la propia Margarita Robles espiada la que ha salido en la mañanita del dos de mayo a contarnos los cuentos del Gobierno espiado sino un inseguro ministro de la Presidencia que parecía querer cauterizar el malestar de algunos sectores que forman parte de la base electoral parlamentaria del Gobierno.
Esta es la verdadera preocupación porque las “cloacas del Estado” no son sus servicios de Inteligencia y Criptología sino otras sucias tuberías por donde circulan las infames contrapartidas entre el Gobierno de una nación y los enemigos del propio Estado.
