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Enrique Barrera Beitia
La pluralidad de la sociedad española se reduce cuando nos centramos en los colectivos laborales. Nadie discutirá que entre los enseñantes, los jornaleros andaluces o los obreros metalúrgicos, hay una mayoría de izquierda, mientras que entre los policías, los militares y los jueces, la mayoría es de derechas.
El gobierno ha acusado a Pablo Casado de acudir a Bruselas para sabotear la llegada de los fondos europeos, pero… ¿que puede haber dicho Casado a sus interlocutores del Partido Popular Europeo? Es evidente que no puede pedirles que España sea privada de este dinero, por la simple razón de que a él no le guste el actual gobierno, así que utiliza como munición los problemas para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Este bloqueo sin duda preocupa en la Comisión Europea, que no sólo viene instando a las partes a ponerse de acuerdo sino que ha deslizado como una sugerencia, la posibilidad de que sean los propios jueces los que voten a los candidatos para renovar el Poder Judicial. Al PP le gusta esta solución, porque se asegura una mayoría conservadora que mantenga la guerra jurídica contra el gobierno. Convertir esta sugerencia en una recomendación es el objetivo por el que el Partido Popular Europeo está trabajando, y si el gobierno se niega, solicitará abrir un expediente sancionador. El nombramiento de la ex-ministra Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado, refuerza en opinión de los conservadores su petición para que Bruselas intervenga en España.
Sin embargo, hay dos obstáculos para desembocar en este escenario. Uno es el desagrado con que la justicia europea analiza las sentencias más mediáticas de los jueces españoles, marcadas con un fuerte sesgo ideológico. No entienden que los presos del Process hayan sido juzgados por rebelión, y tampoco que habiendo recurrido los países miembros al estado de alarma, nuestro Tribunal Constitucional lo haya invalidado como el marco jurídico adecuado.
El otro aliado del gobierno español en esta partida de ajedrez, es que la preocupación de la Comisión Europea en el terreno judicial de la independencia judicial se centra en Polonia y Hungría, y no desean abrir nuevos frentes por conflictos que consideran de mucha menor relevancia.
Pablo Casado no tiene mucho tiempo para terminar esta partida, porque si el gobierno dispone de esa ingente cantidad de dinero, quedará asegurado un crecimiento económico muy alto hasta finales de 1923 como mínimo. De hecho, la economía ya está despegando con fuerza, y si los socialistas y sus socios tocaron suelo electoral a inicios de este verano, la ventaja demoscópica de los conservadores empezará a evaporarse a lo largo del segundo semestre.
