Gabriel Elorriaga F.
Bajo la sombra trágica de una pandemia en su peor momento se van a celebrar unas elecciones en Cataluña, contra viento y marea, en las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido la estrategia de presentar a quien fue su ministro de Sanidad sin buena fortuna.
Unas elecciones distorsionadas por la previsible abstención anormal justificada por el peligro contra la salud y con una problemática duda sobre la composición de las mesas electorales por la dificultad de exigir presencias, durante una extensa jornada en locales cerrados, a sus miembros a conciencia del desfile de votantes presuntamente portadores del virus. Unas circunstancias anómalas en que se impone el afán político de aprovechar la notoriedad de un candidato promovido por el cargo ministerial y la cuota de pantalla correspondiente a las circunstancias preocupadas por la salud y las vidas que el Covid pueda cobrarse. Porque es evidente que, si las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo contribuyeron al desbordamiento de la pandemia por mayores contactos familiares o sociales, son mucho mayores las ocasiones provocadas por los millones de traslados y contactos que suponen una jornada electoral. Son unas elecciones esperpénticas que se celebrarán en un contexto desquiciado en que se condicionan los desvaríos separatistas con la insensatez del Gobierno de Sánchez, quizá a la búsqueda de un tripartito en Cataluña que combine el mantenimiento de posturas separatistas con el compromiso de estabilidad parlamentaria para los socialistas en el Congreso de los Diputados. Estas elecciones, celebradas bajo una nube virulenta, no van a arreglar nada porque la idea de un federalismo asimétrico es la fórmula socialista para empeorar las relaciones de igualdad entre los habitantes de los distintos territorios de España, que es como abrir una puerta a las tendencias desintegradoras. No existe la intención de componer seriamente una posición constitucionalista por parte del Gobierno de Sánchez sino la de dilatar una componenda entre caciques para ir tirando. Van a ser unas elecciones distorsionadas, con resultados irregulares, por las que unos y otros se considerarán justificados a deslegitimarlas.
La pretensión de equipar a los miembros de las mesas electorales con trajes EPI, guantes, mascarillas y gorros de difícil uso para gente no profesional y no adiestrada, como la pretensión de trasladar a personas confinadas o en cuarentena ante las urnas, suponen complicaciones para la constitución de las mesas e incitaciones a la abstención, que tentarán, si los resultados no se producen a gusto de candidatos frustrados, a deslegitimarlas y exigir otros comicios, cuando la salud pública lo permita y cuando los resultados puedan aproximarse a las ilusiones de cada partido. Se han alegado más de veinte mil recursos ante las Juntas Electorales para no acudir a formar parte de las mesas cuando, en otros comicios normales, no llegaban a doscientos. El motivo de fondo es el miedo invencible al contagio. Muchos de los afectados añadieron a sus excusas una petición al Sindic de Greuges –el defensor del pueblo catalán- al sentirse desamparados al incurrir en un delito electoral tipificado legalmente. Ante esta situación, alguien sugirió buscar voluntarios para constituir tales mesas. Esto es, precisamente, lo que impide la ley al establecer el azar y no la voluntad. Se trata de constituir un órgano con visos de neutralidad que sería dudosa si los miembros de las mesas se reclutasen entre personas gozosas de entrometerse en la cocina electoral, probablemente motivadas por los partidos interesados. Por ello, la previsión legal es que, caso de faltar los titulares o suplentes previstos, pasen a ocupar su lugar los primeros ciudadanos que se presenten a emitir el voto. Difícil resultará ejercer esta repesca sobre personas no preparadas mentalmente para soportar la larga jornada y el escrutinio y a vestir los equipos sanitarios de protección.
El espectáculo de los condenados e inhabilitados por sedición y malversación, activos en vacaciones penitenciarias para pedir amnistía para sí mismos, a la vez que reiteraban su voluntad de reincidencia en los mismos delitos, contribuye a deformar y confundir la voluntad del electorado que, en vez de elegir una composición parlamentaria y una base de Gobierno sólida, se imaginan convocados a posicionarse en una campaña sentimental de inmunidad para aquellos que tengan por afines ideológicos. Un coro plañidero en vez de un plan de Gobierno. La distorsión de un separatismo que no quiere entender que la pluralidad de la composición de la resultante parlamentaria, a pesar del sistema establecido de desigual proporcionalidad del voto, presentará un pluralismo inservible, tanto para la utopía separatista como para la eficacia administrativa.
En estas elecciones distorsionadas Sánchez ha autorizado a Illa a hacer campaña con el dinero de todos los españoles, proponiendo la condonación de la deuda catalana en el próximo cuatrienio. Ha arriesgado a su ministro de Sanidad a convertirse en el pagafantas de una sopa de grupos insolventes dentro de una olla en ebullición. Pronto veremos que puede salir de un clima electoral tan viciado, cuando la Generalidad se digne hacer públicos unos resultados definitivos poco controlados por un despliegue suficiente de interventores de los partidos que no forman parte de las mesas pero deben estar a su lado.