Falta de transparencia gubernamental

José Manuel Otero Lastres

En una verdadera democracia, a la hora de cumplir con su ineludible obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, el Gobierno tiene que hacerlo ante el órgano que representa al pueblo, que son las Cortes Generales y de manera especial el Congreso de los Diputados.

Además, la Ley de Transparencia amplia y refuerza la obligación de transparencia de la actividad pública y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y, por consiguiente, el Gobierno. En España, dicha Ley ha creado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de la Administración General del Estado. Pues bien, recientemente, en lugar de comparecer ante el Congreso y someterse al pertinente debate parlamentario, el Presidente del Gobierno se presentó en una rueda de prensa televisada, bajo un gran rótulo que decía :“CUMPLIENDO. Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España. Diciembre de 2020”.

En un inusitado ejercicio de “autoapología”, Sánchez afirmó que “España se sitúa en la vanguardia del mundo de la rendición de cuentas”.

Nada más lejos de la realidad. En efecto, no puede estar en la vanguardia del mundo en el cumplimiento de la rendición de cuentas un Gobierno que no es capaz de fijar con la precisión exigida el número de muertos por la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Sanidad habla de unos 50.000 muertos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística agrega 18.000 más. ¿Es tan difícil que dos instituciones publicas varíen sus predicciones 36%?

Tampoco puede estar a la vanguardia del cumplimiento de esa obligación de rendir cuentas un Gobierno que, tras ocultarlo siete meses, reconoce, por fin, que el “Comité de Expertos” independientes que evaluaba los datos para la desescalada en la primera ola de la pandemia no existía, sino que estaba formado por 14 técnicos y funcionarios del Ministerio de Sanidad y del propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón.

Pero aún hay más: el día 2 de diciembre de 2020 el periódico “El Independiente” informaba que “el Gobierno ha ignorado 68 veces a Transparencia en lo que va de año”. Y el también digital “El Español” del 14 de diciembre publicaba la noticia de que “El Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más opaco desde que hay datos del Consejo de Transparencia. Alcanza una nota de 6 sobre 10 en 2020, la peor desde la creación del organismo independiente en 2015. Rajoy superaba el 8/10”.

Y es que cómo va a estar a la cabeza de la transparencia un Gobierno en el que Pedro Sánchez ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que, a instancias de ABC, le obligaba a informar sobre desplazamientos «ajenos a su condición de presidente del Gobierno» utilizando transportes oficiales? O como se informa en el ABC de hoy cuando permite que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya incumplido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obliga a entregar a dicho medio de información la agenda oficial de dicha ministra entre el 13 de enero y el 31 de agosto de 2020 cuando tuvo lugar el aterrizaje en España de la Vicepresidenta Venezolana Delcy Rodríguez?
Nunca como ahora se está haciendo visible la veracidad de que “del dicho a hecho va un trecho”. Lo malo es que se presume mucho del “dicho” y se trata de ocultar el “hecho”.