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(EP)-A las diez de la mañana de este martes se ha iniciado en la Audiencia Provincial de A Coruña un juicio en el que se juzga a seis personas, hombres y mujeres, de dedicarse a obtener beneficios económicos a través del ejercicio de la prostitución por parte de terceras personas. La Fiscalía sostiene que organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución. Además, los procesados presuntamente obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución. La acusación pública exige para ellos penas que oscilan entre los 15 y los 84 años de cárcel. Procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.
Los acusados de obligar a mujeres a prostituirse en distintos pisos de ciudades españolas, entre ellas gallegas, han negado los hechos y han alegado que la ejercían libremente, en la primera sesión del juicio.
Los hechos
Los hechos se remontan al año 2017 y por los mismos se desarrolló un operativo que culminó, en 2019, con registros en ciudades como Ferrol, Pontevedra, Almería, Granada y Alicante.
De los detenidos, cuatro se encuentran en prisión provisional desde febrero de 2019. La causa procede del juzgado número 2 de Ferrol, una de las ciudades donde, supuestamente, obligaban a las mujeres a prostituirse.
Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los procesados F.G.P., WJ.C.R., EJ.Q.H., MC.R.T., JF.R., y AJ.S., naturales de Venezuela, mantenían relaciones entre sí por lazos de amistad y familiares.
En su escrito de calificación, sostiene que los seis organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo, para ello, las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución.
Venta de droga
Además, los procesados, presuntamente, obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos. La acusación pública exige para ellos penas que suman entre los 15 y los 84 años de cárcel por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y contra la salud pública.
Las defensas, por su parte, piden la absolución, mientras que la acusación particular, ejercida en representación de una de las mujeres presuntamente obligadas a prostituirse, reclama una condena, pero excluye, en su caso, el delito contra la salud pública.
«Ayuda» a las mujeres
En el juicio, que se prolongará durante varios días, los acusados han manifestado, en unos casos, no tener relación con las mujeres ni con la venta de drogas, mas allá que compartir piso, y en otros han limitado su actuación a poner anuncios de contactos en Internet.
Así lo expuso uno de los procesados, que explicó que su suegra ejercía la prostitución y que comenzó con ella a trabajar en esta labor de «contactos», pero rechazó que obligase a las mujeres que llegaron a España con posterioridad a ejercer la prostitución.
«Me conocían por el boca a boca«, ha expuesto este acusado, quien ha admitido que les alquilaba los pisos en distintas ciudades españolas o que les contrataba las líneas de teléfono, pero que lo hacía porque él tenía «la documentación» y ellas no. «Trataba de ser lo más servicial posible porque dependía de ellas», ha dicho en referencia a los anuncios de contactos.
También ha manifestado que les hizo gestiones como la compra de billetes para que viniesen a España desde Venezuela, pero negó que, por eso, ellas contrayesen una deuda con él, como sostiene Fiscalía. «Me imaginaba que venían a ejercer la prostitución», ha dicho asegurando que las gestiones las hacía porque otras chicas, ya en España, se lo pedían.
Contabilidad
Por otra parte, negó tener libretas de contabilidad como las incautadas en los registros, con supuestas deudas por parte de las víctimas. Lo mismo sostuvo otra de las acusadas, que indicó que ella ejercía la prostitución, pero que negó, en línea con otros procesados, que hubiese ejercido «coacciones» o algún tipo de «violencia» sobre las mujeres, una de ellas su hermana.
También exculpó a su hijo de cualquier implicación y limitó la actuación de su marido al alquiler de pisos para que ella ejerciese la prostitución.
Otro de los acusados, que solo contestó a las preguntas de su letrado, manifestó que su mujer ejercía la prostitución y que él convivía con ella en uno de los pisos, pero situó sus tareas en la limpieza del mismo, en «bajar la basura» o en ayudar a las mujeres cuando se lo pedían. «Eran libres en su trabajo», ha sentenciado y descartando, además, la venta de drogas.
