Muertos por codicia

Pedro Sande García

Comenzaré este artículo citando unas cifras, datos oficiales. No pretendo que sean datos fríos, les ruego que los vean como lo que son, rostros e imágenes de seres humanos. Y les pido perdón por comenzar de esta manera pero es mi única intención, que todos seamos conscientes de unos datos aterradores que nos obliguen a buscar al auténtico culpable.

Según datos oficiales del 28 de julio, los fallecidos en España por covid-19 ascendían a 28.436 personas. Aproximadamente el 70% de los fallecimientos, casi 20.000 personas, se habían producido en residencias de mayores siendo Madrid con un 30% del total y Cataluña con un 21% las zonas de España más afectadas.

Podríamos pensar que las personas mayores son más proclives a morir por causa
del covid-19, estaríamos en lo cierto, también podríamos pensar que esa es la causa de
que el 70% de los fallecidos se haya producido en residencias de mayores, en este caso
estaríamos equivocados. Para apoyar esta última afirmación permítanme que de nuevo recurra a la frialdad de los informes, los datos y las cifras. Según el informe anual de 2019 elaborado por el Defensor del Pueblo sobre las residencias de mayores «en España los trabajadores de las residencias no estarían correctamente formados. Los datos de personal y medios son pírricos y falta formación en muchos de ellos». El informe continúa diciendo: «existe una dispersión normativa entre las diferentes comunidades autónomas y exige a estas unos servicios de inspección para que la atención sea de mayor calidad».

Ahora algunas cifras muy significativas. El déficit en España para cumplir el ratio de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, es de 70.000 plazas. En España el 70% de las plazas de las residencias está en manos privadas o son concertadas, cifra que aumenta a algo más del 90% en el caso de la Comunidad de Madrid.

La propiedad de esas residencias privadas se reparte entre fondos de inversión, aseguradoras, constructoras y sanidad privada. Ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio de imaginación, piensen en los propietarios o accionistas que han invertido en algunas de esas empresas propietarias de las residencias, a lo mejor alguno de ustedes lo son. Es fácil deducir cual es el objetivo final de esa inversión, desde luego no es el buen cuidado de nuestros mayores.

Ahora pensemos en los gestores de esas empresas, en la presión que tienen para lograr los objetivos económicos y financieros que permitan repartir un buen dividendo entre sus accionistas, y en los suculentos bonus que cobrarán si cumplen con los objetivos marcados.

Estoy hablando de personas, de seres humanos con nombres y apellidos, pero aún me queda hablar de otros miembros de la cadena de responsables. Son aquellos a los que los ciudadanos hemos designado para gestionar nuestros servicios públicos, los que han decidido que la mejor opción era dejar en manos privadas la gestión de muchos de nuestros servicios públicos, personas que los ciudadanos hemos consentido, lo digo alto y claro, que deleguen la gestión de las residencias de mayores en fondos de inversión, aseguradoras, constructoras y sanidad privada.

Uno de los puntos que citaba el informe del Defensor del pueblo era «la dispersión
normativa entre las diferentes comunidades», aspecto importante pero que no debe
desviar el debate hacia si es más eficaz el modelo centralizado o descentralizado. Ese no es el auténtico problema. El verdadero fracaso está en los modelos que depositan, por puros motivos económicos, toda su confianza en el ser humano, en los modelos que olvidan la condición humana y pretenden que el estado huya de sus obligaciones de regular y garantizar el buen funcionamiento de las relaciones humanas. Porque es la condición humana la que exige que el Estado, en algunos casos tenga que intervenir y en otros casos regular y vigilar las relaciones humanas.

De nuevo permítanme otro ejercicio de imaginación, ¿se imaginan ustedes que no estuviera regulado el tráfico por carretera?, ¿se imaginan que cuando depositamos nuestros ahorros en una entidad financiera esta no estuviera regulada y supervisada?, ¿se imaginan la educación y la sanidad gestionadas con el único objetivo de generar el máximo de beneficios? y por último ¿se imaginan que las residencias de mayores estuvieran gestionadas por empresas privadas con una supervisión e inspección deficiente y cuyo objetivo fuera la maximización de los beneficios?.

Para terminar me gustaría hablar de quien es el auténtico culpable de los casi 20.000 fallecimientos que hasta la fecha se han producido en las residencias de mayores, algunos han estado hablando del gobierno, otros de las comunidades autónomas. Es
cierto que los gestores de nuestros servicios públicos tienen una parte de culpa en este
fracaso, pero también es cierto que todos nosotros somos responsables por haber
permitido que nuestras residencias de mayores se gestionarán primando los resultados económicos.

Pero hay un auténtico culpable, el que he citado en el título de este artículo.
No piensen que es un culpable invisible, sería una manera de eludir responsabilidades.

Para hacerlo visible permítanme que abuse de su confianza por última vez, quisiera que repitieran el mismo ejercicio con el que inicie este artículo, hagan pasar por delante de ustedes los rostros que hay detrás de la codicia, al fin y al cabo la codicia es parte de la condición humana, es parte de las personas que tienen nombres y apellidos.

La codicia, junto al resto de flaquezas que hacen del ser humano un ser imperfecto,
hace necesario que el Estado no deba huir de sus obligaciones e impida que sean esas
flaquezas las que dominen las relaciones entre las personas.