Pablo Iglesias no puede actuar como ciudadano del montón

José Manuel Otero Lastres 

Hasta no hace mucho, Pablo Iglesias era un ciudadano del montón y, en su condición de tal, tenía plena libertad para pronunciarse sobre cualquier cuestión o acontecimiento que tuviera lugar en España o en cualquier otro lugar del mundo. Pero, desde el 13 de enero de 2020, día en el que tomó posesión como vicepresidente segundo y ministro del Gobierno de España ocupa un cargo institucional que le obliga a guardar compostura institucional.

Por eso, no se entiende que, tras condenar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un proceso con todas las garantías, a la diputada regional de Unidas Podemos, Isabel Serra, a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Vicepresidente del Gobierno haya criticado despiadadamente el fallo de la sentencia, señalando, en su cuenta de Twitter: «Me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quién protestó por un desahucio vergonzoso».

 Pero lo más grave no es que un miembro destacado del poder ejecutivo arroje sombras de sospecha inconcretas y descalificaciones generales contra otro poder del Estado, como es el poder judicial. Lo realmente inadmisible es que miente a sabiendas porque sabe perfectamente que Isabel Serra no fue condenada por protestar contra un desahucio.

En efecto, la sentencia del TSJM declara entre los hechos probados que «la acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos». La sentencia añade que «como consecuencia de estos episodios de violencia, dos agentes de policía municipal resultaron heridos. Uno, tras ser alcanzado con un objeto contundente que le impactó en la mano izquierda, y el otro al recibir el impacto de otro objeto en el casco, lo que le provocó un desvanecimiento y una contractura cervical con mareos y vértigo».

En los fundamentos de derecho la sentencia aclara que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, «son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa». Ahora bien -añade la resolución-, al igual que otros derechos fundamentales, su ejercicio tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal». Y esto fue lo que sucedió en el caso. Y yo me pregunto ¿es esto solo oponerse a un desahucio vergonzoso?

O sea, que en los reducidos caracteres tipográficos que admite Twitter, la actuación de Pablo Iglesias no se puede ser más desacertada. Es absolutamente reprochable desde el punto de vista político, porque un cargo público, que es nada más y nada menos que Vicepresidente del Gobierno, no puede atacar a otro poder del Estado. Y no dice más que mentiras porque: la sentencia parece hacer justicia, ya que no se condenó a la diputada regional podemita «por protestar contra un desahucio».

Ante tan colérica e inapropiada actuación, la Comisión Ejecutiva del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado, en el que tras reprochar al vicepresidente el empleo de un «tono ciertamente inapropiado», le recordó que el objetivo de los tribunales es «en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos». Y le advirtió de que «la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones». Como era de esperar, Pablo Echenique y otros correligionarios salieron en defensa de Pablo Iglesias. Echenique criticó al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, recordándole sus vínculos con el PP, y advirtiéndole de que «Lecciones de pulcritud democrática las justas» y Asens consideró que el comunicado era ilegítimo porque la cúpula judicial tiene el mandato caducado y está al servicio de la derecha.

 La verdad es que, con la que está cayendo, solo faltaba que hubiera un conflicto entre dos poderes del Estado. Los líderes de Unidas Podemos están tan crecidos que se creen que están tan por encima de las instituciones del Estado, ya que critican al jefe del Estado y al presidente del Poder Judicial. Y no solo eso, es que se consideran también los guardianes de la democracia (cosa que no discuto si es la bolivariana) viniendo a sostener que, frente a ellos, no es aplicable el principio de igualdad ante la Ley: a los miembros de Unidas Podemos hay que aplicarles la Ley entendiéndola como ellos quieran.