La universidad muda

Gabriel Elorriaga F.

La universidad, o mejor decir las universidades, son comunidades despiertas donde las inquietudes de la sociedad se expresan con sonoridad precoz. No es fácil suponer una universidad muda y conformista,

cuidadosa de no incomodar a los poderes convencionales de un momento. El sector estudiantil es propenso a revelarse ruidosamente por problemas políticos, escolares o simplemente por un humor crítico característico. El sector profesoral es menos alborotador pero propicio a firmar toda clase de manifiestos, artículos o posicionamientos corporativos. Todo forma parte de un ambiente al que la juventud física o la agudeza intelectual mantienen en una temperatura de ebullición más alta que la de la de los ciudadanos encarrilados en tareas rutinarias y necesidades acuciantes.

Por ello produce extrañeza y rechazo ver a una universidad, o mejor decir universidades, mudas. Porque no vamos a poner como única referencia a la Universidad Camilo José Cela que no solo parece muda sino sordomuda. Esta universidad ha hecho dos afirmaciones fundamentales ante el tema de una tesis doctoral de “corta y pega”, de calidad evidentemente impropia a su calificación “cum laude” como es la de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Estas son sus explicaciones.

1ª. Que no se puede activar conforme a la ley ninguna investigación sin haber recepcionado previamente una reclamación oficial de alguno de los autores referenciados en la bibliografía que se sienta afectado por las coincidencias o posibles errores de forma de la tesis.

2ª. Que cualquier libre opinión o juicio moral queda fuera del procedimiento legal que una institución como la UCJC prefiere no entrar a valorar por su profundo respeto o alineamiento con la libertad de expresión.

No hay que ser muy avispado para comprender que se trata de dos necedades. La necesidad de una reclamación oficial para investigar equivale a decir que la universidad carece de capacidad autónoma para investigar sus asuntos internos. Cabe la cautela de exigir oficialmente su legitimación para reclamar al denunciante externo al claustro universitario pero es absurdo que las propias autoridades académicas no puedan emprender ninguna inspección o investigación sobre lo ocurrido dentro de sus propias competencias. Ante los evidentes coincidencias o errores públicamente reconocidos, esta universidad no solo está legitimada sino urgida a aclarar su propio criterio y actuar en consecuencia en aras del prestigio de sus tribunales y sus títulos académicos y no quedarse muda a la espera de una “reclamación oficial”. No se entiende el “sobresaliente cum laude” a una tesis con “posibles errores de forma” y que tales errores no puedan ser señalados y corregidos si no hay reclamación oficial externa.

La segunda es que cualquier juicio moral queda fuera del procedimiento legal por respeto a la libertad de expresión. La incapacidad de formar conciencia moral sobre la existencia de una irregularidad expuesta públicamente es inevitable y no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No podría fiscalizarse ninguna actuación si nadie pudiera formar un juicio moral previo que, con todo respeto a los derechos del afectado. Seguramente en el interior de la UCJC habrá muchas personas que tienen formado juicio moral sobre la tesis de Pedro Sánchez y su juicio moral puede expresarse sin afectar a la libertad de expresión de nadie. Lo que afecta a la libertad de expresión es la cerrazón de la UCJC para responder de un asunto que ya es público con todas sus consecuencias, haga o deje de hacer lo que crea conveniente la dirección de la UCJC.

Decíamos al principio que es mejor decir universidades ¿Es que a las demás universidades españolas no les afecta la devaluación del título doctoral de una de ellas? Da la impresión de que no existe solidaridad en cuanto a las exigencias de unos niveles de calidad académica en las titulaciones habilitantes sino que, por el contrario, hay una aparente complicidad servil ante la alta posición que ocupa eventualmente el favorecido por esta lamentable chapuza. Da la impresión que si el discutido doctor no desempeñase la jefatura del Gobierno el tema quizá no hubiese salido a relucir con tanto relieve informático pero, también, que no hubiese sido protegido con tanto silencio académico. Pero las cosas son como son y, una vez que se ha llegado hasta donde se ha llegado, resulta lógico exigir que la universidad, o mejor decir las universidades, salgan de su mudez y sean capaces de superar presiones y pronunciar un juicio razonable sobre su “aprobado cum laude” y demandar sus responsabilidades, si las hubiere, a quienes corresponda o justificar su valoración positiva de la tesis si fuese posible. Mientras la UCJC no sea capaz de pronunciarse sobre la cuestionada tesis de PSSC sus titulaciones están en entredicho y el prestigio del gremio de doctores españoles también.