Refugiados

Gabriel Elorriaga F.

Hay un éxodo de venezolanos que huyen del régimen de Maduro. La mayoría por las fronteras terrestres y algunos hacia España. Son auténticas víctimas de una diktapobreza catastrófica. Muchos se quejan de trabas para reconocerlos como refugiados por la burocracia española. Nuestra nación, vinculada cultural y familiarmente a Venezuela, debiera ser la tierra más acogedora de una evasión que, por razones de distancia, no puede ser multitudinaria. Una evasión que no llega saltando vallas ni en embarcaciones mafiosas sino por las vías regulares de los viajes aéreos.

El Defensor del Pueblo ha llamado la atención por el atasco que sufren las peticiones de protección de los venezolanos y el Partido Popular tiene en curso una Proposición No de Ley en el Congreso sobre este asunto. Es sorprendente, por no decir repugnante, esta frialdad oficial bajo un gobierno que se apresuró a abrir las puertas a los viajeros de un barco sospechoso bautizado “Aquarius”, hoy paralizado en sus actividades, más cercanas al transbordo que al salvamento, por haberle retirado su bandera de conveniencia Gibraltar y no habérsela concedido ningún país europeo. El gobierno parece proteger con más diligencia a huidos de lejanos países en situaciones de inseguridad endémica, deficientemente documentados y con informaciones difícilmente comprobables, hablando lenguas de difícil interpretación y con mentalidades poco compatibles con la convivencia liberal, antes que atender generosamente a nuestros hermanos de lengua y sangre.

Los venezolanos a cuenta gotas y los africanos a miles. El gobierno parece incapaz de controlar la crisis migratoria con miles de personas que entran en pateras. España ha pasado de recibir por mar unos centenares de personas a multiplicar la cifra de inmigrantes irregulares por veinte. A este problema se aplica un pensamiento buenista y parece olvidarse el derecho que toda nación tiene de controlar el derecho de entrada por sus fronteras y a calibrar la calidad de la protección que algunos demandan en proporción a la propia capacidad de asilo y de medios económicos disponibles. También toda nación tiene el derecho a proyectarse preferentemente allí donde tiene un conocimiento concreto y detallado de las penalidades y tragedias que están sufriendo las personas más cercanas a nuestra propia sensibilidad, por no decir a personas de la misma familia humana.

Es muy grave que se pueda pensar, como comienzan a pensar muchos, que la frialdad en la protección a venezolanos procede del compromiso del gobierno con el apoyo parlamentario que recibe de “Podemos”, el partido político tan cercano a la ideología imperante en Venezuela y con intercambios culturales y económicos tan conocidos. Aunque quizá no es necesario sospechar de compromisos tan siniestros. Hoy está mezclado en mediaciones y diálogos estériles un expresidente socialista, Rodríguez Zapatero, empecinado en mantener acuerdos imposibles entre la oposición y la diktapobreza venezolana, cuando el mundo entero sabe que solo la caída de Maduropuede abrir un camino para rescatar al rico país venezolano de la miseria y la inseguridad a que está sometido. Mientras el cambio no se produzca la única opción es proteger a quienes huyen de la arbitrariedad y la miseria.