Realidad macroeconómica, contra realidad familia

Enrique Barrera Beitia

España no es un país pobre, pero tiene demasiados pobres, y esto sólo se explica cuando fallan los mecanismos para redistribuir la riqueza. Para superar la crisis económica iniciada en 2008 hubo reducción de impuestos a las empresas, despidos y recortes sociales. Al no poder devaluarse la moneda, el reajuste salarial se hizo bajando los sueldos. Superada la crisis, la recuperación no ha llegado a las familias, y los jóvenes continúan viviendo con los padres.

La permanencia de los jóvenes españoles en los hogares paternos retrasando su emancipacion, reduce estadísticamente la pobreza es nuestro país, pero también reduce la natalidad, y fomenta la emigración de los más decididos y preparados.

Dos pasos adelante y uno atrás

El 20% de los hogares más ricos tenían en 1975, nueve veces más dinero que el 20% de los hogares más pobres, pero desde que se restauró la Democracia y se ingresó en la Unión Europea, esa diferencia se redujo a la mitad en el 2000. Fue el resultado de un mejor acceso al crédito, de multiplicarse los titulados universitarios, y del aumento de las infraestructuras y de los equipamientos tecnológicos. En 1975, el PIB per cápita de los españoles medido en PPA (Poder Adquisitivo de Compra), era el 60 % de la media del PIB de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero en 2016 (pese a la crisis), era ya del 89 % (tabla 1).

Sin embargo, lo positivo de estos datos se disuelve al redistribuir la riqueza nacional entre remuneraciones de los trabajadores, impuestos y rentas del capital, porque estas últimas son muy superiores a las de los países de nuestro entorno. España produce ahora un 5% más que antes de la crisis, pero empleando dos millones menos de trabajadores, y gastando 40.000 millones menos en salarios. En la tabla 2, comparamos las diferencias entre PIB per cápita y salario medio de estos cinco países.

Aumenta la economía sumergida

El gobierno calcula la economía sumergida en España en unos 170.000 millones de €, afectando a más de 1.000.000 de personas; si aflorara, el estado recaudaría unos 26.000 millones de €. El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) eleva la cifra hasta los 240.000 millones, con una pérdida de recaudación de 72.000 millones. Los expertos coinciden en señalar, que cuando los ciudadanos y empresarios perciben una “excesiva” corrupción institucional, se consideran legitimados para engañarlo no declarando sus actividades.