El gobierno de Neda apoyará, junto al de Narón, todas aquellas acciones que el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT pueda convocar, a partir del día 25, en caso de que no se cubran las dos plazas vacantes del Juzgado de Neda -una por accidente y otra por
maternidad-. Esta circunstancia lleva, desde hace dos meses, a la secretaria del Juzgado de Paz de Narón
a atender también el de Neda dos horas en dos días a la semana. El resto de los días permanece cerrado.
Esta situación está generando multitud de quejas por parte del vecindario que el gobierno local ya trasladó a la Dirección Xeral de Xustiza el pasado mes de septiembre.
A la una de la tarde de este viernes se celebró una rueda de prensa en la Casa de las Palmeras, en Neda, a la que asistieron el alcalde de la localidad, Ángel Alvariño; el primer teniente alcalde de Narón, Guillermo Sánchez; el responsable de acción sindical de Alternativas na Xustiza-CUT, Javier Fernández CastrO, y dirigentes del sindicato y miembros del equipo de gobierno de Neda (PSOE, BNG y CG)
El alcalde de Neda, Ángel Alvariño Saavedra recordó los graves problemas que la situación está generando entre el vecindario. Entre otros, Alvariño citó desde la imposibilidad de tramitar pensiones, partidas de nacimiento, defunciones y fes de vida hasta las inscripciones en el registro civil. El alcalde consideró que lo que está pasando en el Juzgado de Paz de Neda obedece al «ahorro económico» que se está dando en todos los ámbitos de la administración pública, «que lo único que hace es recortar los derechos de las personas y llevarlas a la pobreza» y acusó a la Xunta de falta de diálogo para tratar de darle una solución.
LA JUEZA DE PAZ SEÑALA QUE SE VULNERAN LOS DERECHOS CIUDADANOS
Alvariño dio lectura a un comunicado de Oliva Ardao Jueza de Paz en el que «pone de manifiesto su apoyo a las movilizaciones que se están produciendo para dotar al Juzgado de Paz de Neda del personal necesario para el desarrollo de su actividad cotidiana.
Desde hace cerca de dos meses y debido a las bajas médicas del personal dicho juzgado no está efectuando diariamente sus funciones.
Se olvida con frecuencia que la Justicia es un servicio público esencial para la ciudadanía y que con la situación que se está dando en dicho juzgado se están vulnerando los derechos de los ciudadanos que acuden al mismo.
Es preocupante e inadmisible que en la actualidad se cierre un Juzgado de Paz por falta de personal público y que los vecinos no puedan hacer sus gestiones.
Por todo esto doy mi máximo apoyo tanto a los sindicatos como a la Corporación Municipal que están luchando y pidiendo a la Gerencia del TSJG que subsane esta situación».
AHORRAR DINERO
En esta misma dirección también apuntó el representante del Ayuntamiento de Narón, Guillermo Sánchez Fojo quien aseguró que «la sensibilidad de la Xunta está en ahorrar dinero» y «esto no solo ocurre en la Justicia, por ahorrar dinero pasó lo que pasó con los incendios, ocurre en el transporte, nos quitan los servicios básicos» considerando que «la comarca está destrozada por la inacción de la política del PP».
El representante de Alternativas na Xustiza-CUT, Javier Fernández, criticó a la Dirección Xeral de Xustiza por «anteponer los intereses económicos a la calidad en los servicios públicos, negándose
a nombrar funcionarios interinos», alertó sobre la posible intencionalidad del gobierno de la Xunta
de dejar sin competencias los Juzgados de Paz para después cerrarlos y adelantó el inicio de una
campaña de concienciación, a partir de enero, que se llevará a cabo en todos los Ayuntamientos.
Fernández cifró en más de de los meses y medio el tiempo de respuesta para cubrir una plaza y consideró
insuficiente el personal adscrito a los Juzgados de Paz, siendo además los que salieron especialmente
perjudicados en el proceso de amortización de plazas del año 2013. De las 106 que había
en Galicia, solo 24 fueron para los Juzgados de Paz.
Indicó que esperaban al día 25 , que es cuando se realiza la oferta de plazas, y si no se destina personal al Juzgado de Neda «tomaremos medidas de presión involucrando a los concellos».