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El Tribunal de Cuentas concluye que las obras del Puerto Exterior de A Coruña han dejado a la Autoridad Portuaria en una situación financiera «delicada» que exige, por parte de Puertos del Estado, una «reflexión sobre la necesidad de planificar adecuadamente la estrategia de desarrollo portuario a nivel nacional». También cree que esta obra evidencia la necesidad de previsiones «más realistas» de los costes.
Así lo recoge en el informe de fiscalización de la ejecución del proyecto de nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira en el que se analiza la situación del puerto entre los ejercicios 2012 y 2014, abarcando también datos correspondientes a 2015.
Entre otras cuestiones, el informe incide en el hecho de que «en el escenario más optimista» Punta Langosteira «no contará con acceso ferroviario hasta 2020 o 2021«. «Es decir diez años después de la finalización de las obras del puerto», remarca sobre una actuación que considera «esencial».
Por otra parte, recuerda que no se ha logrado todavía «el traslado del petróleo a Punta Langosteira», indica en alusión a los plazos fijados para el traslado de Repsol y recordando que esta cuestión planteó la creación de la citada infraestructura portuaria tras el accidente del ‘Prestige‘.
SITUACIÓN FINANCIERA
En otras cuestiones, el informe, de casi 300 páginas, recuerda que el informe de viabilidad económico-financiero que se realizó para ejecutar esta obras concluyó que el Puerto de A Coruña «tenía capacidad suficiente para generar los fondos de construcción» de Punta Langosteira, principalmente por la enajenación de terrenos del puerto interior.
Al respecto, añade que la crisis económica e inmobiliaria impidió esta actuación lo que obligó a la Autoridad Portuaria a realizar, en 2008, «una proyección económica más ajustada» que la de 2004.
Pese al «gran esfuerzo» realizado por el Puerto para la «contención y reducción de costes», ve la situación financiera del mismo «delicada» en base a los datos evaluados hasta 2015. En concreto, apunta que soporta «un volumen excesivo de endeudamiento».
«En definitiva, las previsiones no se han cumplido ni en lo que respecta a la financiación ni a la capacidad de generar fondos mediante el aumento de tráficos», concluye el informe.
Por ello, insta a Puertos del Estado a poner en marcha medidas que permitan «realizar una previsión más realista de los costes y de financiación de las infraestructuras para evitar las modificaciones de contratos que suponen un aumento inevitable de los costes».
CONTROL DE LA CONTRATACIÓN
El informe apunta también que, entre 1997 y 2005, se adjudicaron «13 contratos al mismo contratista en solitario, a sus filiales o en UTE» y que, de ellas, «solo dos» fueron en procedimiento de concurso abierto.
Otros siete fueron en adjudicación directa sin solicitud de otras ofertas. Además, añade que en dos contratos «no figura el sistema de adjudicación y en cuatro expedientes no se formalizó el contrato obligatorio».
Por ello, insta a la Administración General del Estado a ejercer de una forma «más eficaz» las labores de supervisión y control en los procedimientos de contratación y su ejecución, «especialmente aquellas actuaciones objeto de financiación por parte de fondos europeos«.
