Singularidad ferrolana y el convenio con Defensa.

Enrique Barrera Beitia

Todos estamos de acuerdo en que Ferrol existe gracias a la Marina. No somos una ciudad, como Cádiz o Cartagena, donde se instaló una base naval, sino todo lo contrario: primero se instaló la base naval y luego vino la ciudad. Esta singularidad, sin embargo, nos está matando lentamente.

Mientras que Citroën y Repsol abonan millones de euros a Vigo y Coruña, el ministerio de Defensa está exento de pagar impuestos al concello de Ferrol, pese a que ocupa el 20% de su superficie, incluyendo Navantia, considerado astillero militar. Un cálculo conservador cifra en 5.000.000 de euros lo que la hacienda local ferrolana deja de percibir cada año. El presupuesto de Ferrol es de unos 50 millones aproximadamente, y esos cinco millones permitirían que el gasto por habitante pasase de 710 euros a 782 (la media estatal es de 903 y la provincial de 734).

En este contexto, el convenio de defensa alegremente firmado en 1915, hace aflorar todas estas contradicciones. Lo justo sería que las instalaciones que han dejado de ser útiles a las Fuerzas Armadas, reviertan gratuitamente en la sociedad civil ferrolana para el disfrute de todos sus habitantes. Sin embargo, el concello tiene que abonar un dinero que le sobrepasa, y además no debe hacerse cargo de unas instalaciones si no puede garantizar que se les dé un uso social.

El error fue creer que el principal activo, el cuartel Sánchez de Aguilera, ofrecería unas rentabilidades económicas que financiaría todo el convenio. Es un error, porque el mercado inmobiliario ferrolano no demanda construir nuevas viviendas, sino rehabilitar las 8.000 vacías. El Ministerio de Defensa, que quiere obtener una fuerte indemnización económica, se está comportando como una inmobiliaria privada, cuando forma parte del Estado, y debe compensar la deuda histórica contraída con la ciudad departamental.

Ciertamente, algunos activos son muy interesantes, como el castillo de San Felipe ya adquirido por el concello, y con mucho recorrido de usos históricos, culturales, y de ocio, al igual que la antigua residencia de sub-oficiales de Canido, que podría albergar un Centro de Día para la Tercera Edad, o una residencia universitaria si finalmente falla la opción de uno de los pabellones del Sánchez de Aguilera.

En realidad, el concello había solicitado ayudas del Plan Urbán para la primera opción, pero para cualquiera de las dos, la financiación puede proceder en buena medida de subvenciones y ayudas oficiales, y el impacto en el entorno sería muy positivo.

Por lo tanto, es necesario reconducir la situación hacia un nuevo convenio que pueda ser “digerido” por el concello, que lo potencie y no lo debilite. Por desgracia, la idea de crear un grupo de ciudades especialmente dependientes de la actividad militar (Ferrol, Astorga, Jaca, Cartagena, etc) es rechazada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), cuando precisamente la discriminación positiva en este caso, sirve para corregir un desequilibrio estructural.