Enigmas de nuestra historia (2)

Enrique Barrera Beitia

La autoría intelectual del intento de golpe de estado del 23-F de 1981, es la otra gran incógnita en nuestra reciente historia. Por decisión del Tribunal Supremo, no se desclasificarán los documentos hasta 2031. Además, protagonistas clave como el ex-presidente Adolfo Suárez González y los generales Alfonso Armada Comyn y Jaime Milans del Bosch, están muertos. Estas circunstancias alimentan todo tipo de especulaciones, incluyendo la teoría del auto-golpe que el rey Juan Carlos I habría puesto en marcha, para abortarlo y legitimar la Corona ante la opinión pública.

Adolfo Suárez se ganó la enemistad del Ejército por no ser capaz de impedir la escalada terrorista de ETA, mientras que EE.UU le retiró el apoyo por estar en contra de que España ingresara en la OTAN y por su apoyo a la causa palestina. Además, los estatutos de autonomía, que hoy día vemos con plena normalidad, despertaban en 1981 un enorme temor a que fueron una herramienta disgregadora. Por el contrario, nuevos datos avalan que la afrenta que para las FF.AA supuso la legalización del PCE y de CC.OO, ya estaba amortizada. Los primeros se habían mostrado como un partido serio y cumplidor de sus compromisos, además de tener un techo electoral claramente inferior al 15%. Por su parte, una vez restablecida la Democracia, las huelgas habían descendido notablemente y el sindicato comunista estaba siendo muy importante para salir del estancamiento económico.

La consecuencia de esta complicada situación política fue el deseo de «dar un golpe de timón» y reemplazar a Adolfo Suárez, por un gobierno de concentración presidido por el general Alfonso Armada, que incluyera a parlamentarios y técnicos con el objetivo de recortar las competencias autonómicas y actuar con mayor dureza contra ETA. Aunque muy al límite, esta iniciativa estaba dentro de la legalidad, ya que no es obligatorio ser diputado para presidir el gobierno. En definitiva, los aparatos del Estado coordinados por el CESID, iban a ejecutar una variante aplicada a las circunstancias españolas, de la denominada «Solución De Gaulle». En 1958 y en plena lucha contra los independentistas argelinos, el ejército francés advirtió al primer ministro, Pierre Pflimlin, que iban a dar un golpe de estado. Para evitarlo, tuvo que dimitir y aceptar el regreso de Charles de Gaulle, quien dio un giro conservador a la República limitando los poderes de la Asamblea Nacional.

Conocedor de esta situación, Adolfo Suárez presentó su dimisión y propuso como su sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, cuyo perfil conservador encajaba con los deseos de los conspiradores. En ese instante, el general Alfonso Armada puso en marcha un Plan B fuera de la legalidad: secuestrar al Congreso y forzar la votación para hacerle presidente de un gobierno tutelado por las Fuerzas Armadas

Este golpe fracasó, porque encargaron al teniente coronel Tejero el operativo de ocupar el Congreso. Al ser un ultraderechista y enterarse de que en ese gobierno de concentración, habría comunistas, no permitió al general Armada dirigirse a los diputados. Así las cosas, sólo caben dos escenarios. Uno es que el rey «no tuvo más remedio» que dirigirse a la Nación y ordenar a las Fuerzas Armadas que no secundaran el golpe. El otro es que lograda la dimisión de Adolfo Suárez, el Plan B no estaba autorizado por el Rey.

Quien se sienta ofendido porque este artículo, deja abierta la posibilidad de que el anterior monarca hubiera maquinado semejante trama, debe aceptar que es inevitable plantearse todo tipo de escenario histórico cuando el Estado usa la Ley de Secretos Oficiales, para mantener en tinieblas hechos históricos transcendentales .