El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una iniciativa del BNG que insta a la Xunta a dirigirse a Navantia para que esta «incluya en los pliegos de contratación la subrogación de los trabajadores que desarrollan tareas de mantenimiento en los astilleros de la ría de Ferrol».
Los nacionalistas, en la exposición de motivos de esta propuesta, exponen que el 29 de febrero finalizó la concesión del mantenimiento en los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol de la UTE Electrorayma-Tecman, y continuó con esta concesión una nueva unión temporal. La finalización de la concesión de mantenimiento a Electrorayma-Tecman, advierte, «afecta a 65 trabajadores con contratos indefinidos que llevan desarrollando las tareas de mantenimiento en los últimos 15 años con una profesionalidad demostrada y que ahora ven peligrar sus puestos de trabajo e incluso la viabilidad de la empresa en la que trabajan».
De esta situación culpan a la «forma de contratación de una licitación impuesta por la dirección de Navantia en Madrid, que apenas valora la capacidad técnica y humana de las empresas de la comarca de Ferrolterra». «Navantia valora solo razones económicas y desprecia el valor añadido que aporta un cuadro de personal formado a lo largo de los últimos 15 años», dice el Bloque.
La proposición ha sido apoyada por el representante popular, Miguel Tellado, quien ha querido reiterar la «solidaridad y apoyo» y ha recordado que el PP ya había mostrado la misma posición en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ferrol en el mes de febrero.
«Es imprescindible que Navantia contemple en los pliegos del concurso la subrogación por mucho que no lo contemple el convenio sectorial aplicable en Galicia», ha señalado Tellado, aunque defendió que en la adjudicación «primaron los criterios técnicos y no los económicos», en respuesta a las palabras de Jorquera.
El nacionalista había dicho que la llegada al astillero de Elinco era «solamente una excusa» para que Ferrovial «pudiese desembarcar en la ría de Ferrol», pues los pliegos del concurso exigían que la concesión fuese de nuevo para una UTE.
Además del primer punto, la proposición no de ley que ha visto luz verde este viernes en la comisión de economía solicita demandar de la empresa pública «que en las licitaciones de contratos con industrias auxiliares se valore su impacto en la generación de empleo y actividad económica en la comarca».