Hablemos de Venezuela

Enrique Barrera Beitia.

En Venezuela hay prensa, radio y televisión que se oponen al gobierno, se celebran elecciones con libre concurrencia de partidos y los observadores políticos internacionales avalan sus resultados. Algunas noticias sobre el voto electrónico controlado por el gobierno nunca me las creí, entre otras cosas, porque la oposición también las desmentía. Por lo tanto, no parece que Venezuela sea una dictadura y no puedo compartir, las declaraciones de Felipe González afirmando que el dictador Pinochet respetaba los derechos humanos más que el presidente Nicolás Maduro. Es un  insulto para los 3.200 chilenos asesinados y los 36.000 torturados.

El problema para cierta gente es que siempre ganaban los mismos. El PSUV o el chavismo (como queramos denominarle), aprovechó los altos precios del petroleo para financiar programas sociales y es indudable que hubo avances importantes y no sólo en sanidad. En la otra cara de la moneda, la creciente corrupción y la insoportable inseguridad ciudadana.

Como en los últimos diecisiete años no se ha buscado un modelo económico alternativo, cuando cayeron los precios del petroleo, los ingresos fiscales venezolanos se hundieron y vinieron los inevitables problemas económicos.  Aparte de esta falta de previsión, el gobierno ha cometido otros errores y también acepto como probable, que los poderes económicos hayan actuado para acentuar estas dificultades. El resultado ha sido la derrota del gobierno en las últimas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró el 42% de los votos y 54 escaños. Obtuvieron 5.7 millones de votos (2 millones menos que en las anteriores elecciones). La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo el 56% de los votos. Ganaron 400.000 votos más que en las últimas elecciones hasta sumar 7.5 millones, lo que le ha reportado 109 escaños. Han sido anuladas las elecciones del distrito de Amazonas y no sabemos que pasará con  sus cuatro escaños.

Se avecinan más de tres años de difícil coexistencia entre el poder ejecutivo y el parlamento, porque honradamente, desconozco si el Tribunal Superior de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General y el Controlador General de la República son mecanismos constitucionales cualificados para validar que el parlamento destituya al gobierno. A diferencia de la española, la constitución venezolana es presidencialista y la Asamblea Nacional necesita 112 escaños para imponer sus decisiones al gobierno, de ahí la importancia de lo que pase con esos cuatro escaños del distrito de Amazonas.

No se puede ganar siempre y la derrota puede reproducirse en las elecciones presidenciales previstas para 2019 (el mandato presidencial en Venezuela es de seis años). Tocaría entonces, pasar a la oposición y  prepararse para recuperar el poder democráticamente, pero la primera reacción del gobierno es preocupante. Me refiero a la creación de un Parlamento Comunal Nacional, una institución que estaba sin desarrollar en la constitución venezolana.

Las comunas, son organizaciones de base que practican la democracia asamblearia y que han asumido servicios básicos de forma paralela a los ayuntamientos. Llevan años actuando en ciudades o pequeños territorios y registran como socios a cooperativas de trabajadores, asociaciones de vecinos o bancas comunales, que envían un representante al parlamento comunal del distrito o ciudad. Según datos oficiales hay unos 20.000 movimientos sociales y más de 1.000 comunas, cuyo funcionamiento y competencias están reguladas por ley. He leído que funcionan unos 250 parlamentos comunales, por lo que deduzco que en algunos de estos están representadas varias comunas. Pueden intermediar con la Administración y gestionar recursos transferidos directamente desde el gobierno, pero no tienen capacidad para aprobar leyes. Dada la afinidad política e ideológica, el gobierno se apoya en ellas y les transfiere más o menos el 22% de los ingresos fiscales para que presten servicios.  La oposición considera que los datos comunales están inflados, que no dejan participar a los ciudadanos no chavistas y que sus competencias entran en conflicto con la administración general del estado y con las competencias municipales.

El último párrafo del artículo 70 de la constitución, autoriza al gobierno a regular por ley el funcionamiento del Parlamento Comunal Nacional. Si el gobierno de Nicolás Maduro decide concederle la capacidad de aprobar o vetar leyes, tendríamos en Venezuela una dualidad de poderes. Cualquier demócrata estará de acuerdo en que establecer una segunda cámara legislativa al margen de la Soberanía Popular,  violentaría el ordenamiento constitución y cabría hablar de golpe de estado judicial.

Habrá que esperar acontecimientos, pero si tal circunstancia se produce, no tendría muchos precedentes históricos. A mí, se me ocurre cierto paralelismo con la Rusia de 1917, entre la Duma (el parlamento dominado por socialistas y liberales) y los Soviets (dominados por comunistas y social-revolucionarios de izquierda), con la diferencia (entre otras muchas derivadas de la distancia en el tiempo) de que la Duma apoyaba al gobierno y en Venezuela, es al revés.

Posdata: a punto de entregar este artículo, se ha desatado en la prensa nacional una campaña contra Podemos y la CUP  por haber viajado algunos de sus militantes en 2014 a Venezuela en avión oficial para participar en un congreso. Tiene toda la pinta de ser una noticia cocinada y es lamentable que se rasguen las vestiduras los mismos que defienden aumentar las relaciones con China y las monarquías petrodolarianas.