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La portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Aneiros Barros, compareció en rueda de prensa acompañada de su compañero de partido Alejandro Langtry para declarar el «autoritarismo» del Gobierno de Jorge Suárez por faltar de forma repetida al incumplimiento y así a la legalidad.
Concretamente, la portavoz popular hizo referencia al texto leído delante de centenares de personas el pasado domingo con motivo del minuto de silencio por las víctimas de París, en donde el primer edil de la ciudad «modificó de forma unilateral, sin consenso ni con la firma de todos los miembros de la corporación municipal» el manifiesto contra la violencia de género acordado por la Federación Española de Municipios.
Además de «este tipo de acciones de tipo autoritario», según señaló la portavoz, el concejal popular Alejandro Langtry recordó que en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda se volvió a pedir al Gobierno local la copia de los acuerdos adoptados para eliminar el tráfico de la calle Real, medida ya adoptada y la cual «no hay todavía ni explicación ni acuerdo».
También hizo referencia a la restricción de tráfico en el Cantón de Molíns, en situaciones idénticas a la de la calle Real. «Según la legalidad, sería permisible usar el viario como anteriormente», argumentó Langtry, quien criticó duramente el «régimen dictatorial», el «aquí, ordeno y mando» de un Gobierno «que se hacían los adalides de la participación ciudadana», lamentó.
Presupuestos Hipotecados
En referencia al anuncio de Jorge Suárez de que los presupuestos para 2016 estarán hipotecados por la gestión del anterior Gobierno popular, Alejandro Langtry pidió «rigor en sus palabras y rigor antes de acusar».
Más concretamente, el edil popular se refirió a la empresa Santiago Sur, concesionaria de la construcción de Parque Ferrol en O Boial, alegando que el grupo popular preguntó al Gobierno al respecto, «no especificando deuda alguna» al no constar ninguna factura relativa.
Paralelamente, Langtry recordó que cuando en el anterior mandato los populares llegaron al Concello con «12 millones de euros de deudas con facturas escondidas» del anterior Gobierno en bipartito, siendo «después de cuatro años las cuentas impecables en la contabilidad».
