El Concello de San Sadurniño celebró el pasado sábado, día 8, el pleno ordinario del mes de marzo con un total de ocho puntos en su orden del día. Además de los habituales, se sumaron tres mociones que salieron adelante por unanimidad de los tres grupos, así como otro en el que se centró la mayor parte del debate y así la atención de las casi doscientas personas convocadas por las redes sociales y el boca a boca en apoyo de la familia Lamas-Nistal. En concreto, el pleno debía abordar una modificación de crédito para dotar presupuestariamente la contratación de los trabajos de demolición de la vivienda de la familia, en complimiento de una sentencia judicial firme. Así, parientes, amistades y los propios miembros de la corporación expresaron de forma unánime la solidaridad con la familia antes, durante y después de una sesión marcada en cierta medida por el pesar y el respeto democrático.
Todo comenzó con un llamamiento-convocatoria anónima en Facebook, que recibió numerosos me gusta y adhesiones a la causa «debido ás últimas noticias que obrigan ao Concello de San Sadurniño a derrubar a casa da familia Lamas Nistal por causa dunha sentencia do TSXG». Fue este sábado a las 11:30 horas cuando se concentraron las centenas de personas, concentrándose delante del edificio y posteriormente al interior de la sala de sesiones. Una circunstancia que retrasó el inicio plenario alrededor de 20 minutos.
Tras los puntos habituales de trámite referidos a la aprobación del acta de la sesión anterior y la toma de conocimiento sobre el pago de facturas en el último trimestre de 2014, se tomó el tercero y disputado entre el Gobierno de San Sadurniño y PP sobre la modificación de crédito para traspasar una cantidad del capítulo 6 al 2 del presupuesto municipal, para que una vez aprobada, poder sacar la contratación los trabajos de demolición cifrados en algo más de 94.000 euros. Al respecto, el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, destacó que «o xesto espontáneo de toda a xente que está aquí hoxe, que significa que teñen uns principios de solidariedade que son de agradecer como vecinos», proseguiendo, por ello, con el hecho de que «vivimos nun estado de dereito no que non queda máis remedio que cumprir as sentencias xudiciais que son firmes e iso implica tomar decisións que a un goberno non lle gusta tomar». Una dura decisión que tenía que tomar el alcalde y el Gobierno municipal, bajo la posibilidad de multas coercitivas y de responsabilidad penal.
Por su parte, el Partido Popular, mediante su portavoz Plácido López, se opuso a la modificación de crédito, al considerar que la partida correspondiente ya debería estar integrada en los presupuestos municipales de 2015. López indicó y criticó el hecho de que se contratara una asesoría jurídica por 30.000 euros para llevar el asunto que el alcalde retardara siete años y medio para llegar a un acuerdo. Así, López aseguró que «a oposición fixo unha pregunta pola contratación dun asesor xurídico e o alcalde dicíanos que gracias ao asesor ese tema estaba zanxado».
Por su parte, el PSdeG-PSOE de San Sadurniño, representado por Fernando Márquez, tomó la palabra mostrando un claro desacuerdo con la modificación de los presupuestos, tratando la situación de «dramática y vergonzosa», señalando además que la gestión municipal no fue nada acertada, así como de insinuar a Secundino García a que dimitiera «se considera que ten que dimitir».
El alcalde retomó la palabra para criticar al postura de la oposición, considerando que utilizaban «a demagoxia máis torticeira nun caso do dramatismo que estamos a falar», añadiendo además que el gobierno actual «pode ter moitas culpas e sabendo o que sabemos hoxe seguramente no 2008 actuaríamos doutra maneira». «No ano 2008 Fernando Márquez gobernaba en coalición con nós… pero non se me ocorriría culpalo desta situación, como tampouco se me ocorre culpar ao goberno que concedeu a licencia en 2002, que seguramente o fixo coa mellor intención», añadió Secundino García, quien finalizaba su alegato diciendo que «non podemos dicir que estamos intentando incumprir unha sentenza xudicial, a demagoxia da para todo, o goberno municipal vai facer o que ten que facer nestes momentos».
Con respecto a la insinuación de los socialistas a que dimitiera, el alcalde hizo saber que «o goberno municipal ten a razón e porque que ninguén dos que estamos aquí temos responsabilidades nisto, agora, se o que se pretende é aproveitar o auditorio para dicir mira, que malos son estes que queren tirar a casa… pois non. Levo oito anos intentando solucionar a cuestión, pero chega un momento en que o xuíz lle di ao alcalde que execute a sentenza».
Tras una breve pausa, se trataron cuatro mociones que salieron adelante por unanimidad del pleno. La primera fue relativa a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de obra pública que suscribe el Concello, una moción con 12 medidas para puntuar las propuestas de empresas que respeten los convenios colectivos de sus trabajadores, cumplimiento de horarios y condiciones laborales; la segunda se refirió a la declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, teniendo el visto bueno de Gobierno y oposición para la demanda de medidas que favorezcan la situación y la integración de la mujer en la vida deportiva; y la tercera y última referente a la demanda de ayuda urgente de los antivirales para los pacientes de Hepatitis C, presentada por dos personas pertenecientes a la plataforma gallega de afectados por la enfermedad, las cuales señalaron que hay 40.000 personas con este problema y que debe hacerse de forma inmediata dado que «hai xente que está morrendo». Al igual que las otras, también hubo unanimidad de los tres grupos municipales.