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Los empresarios gallegos imputados por un supuesto fraude de cursos de formación para el cobro de subvenciones de la Administración pública habrían inflado censos de autónomos y hecho uso de sus contactos políticos para intentar conseguir estas ayudas, según las investigaciones policiales realizadas en el marco de la denominada ‘Operación Zeta’.
Así se recoge en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que una de las siete personas a las que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha mantenido la imputación reconoce que si este tema «lo coge un juez con ganas de trabajar, lo desmonta todo de arriba a abajo».
Esta afirmación, según las escuchas telefónicas practicadas por los agentes, se recogería en una conversación mantenida entre el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, ambos imputados.
Junto a ellos, se encuentra también imputado Gerardo Crespo, presidente de varias empresas y asociaciones vinculadas con la discapacidad y la organización de cursos de formación, como Azetanet, Fundefo y AED. A estos nombres, se suman otras cuatro personas, M.O.N.; S.L.O., M.G.R. y J.L.F.A., vinculadas con Azetanet o con Feaga.
SIN INSPECCIONES
La investigación se inició, en diciembre de 2011, cuando se incoaron diligencias a raíz de dos testificales prestadas por dos empleadas de Caype, que también aportaron documentación. En ese momento, comenzaron las indagaciones por la «presunta comisión de un delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos» y otros delitos conexos.
Como parte de la operación, se realizaron intervenciones telefónicas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con las que, entre otras cuestiones, los investigadores concluyen que Crespo creó asociaciones «con el único fin de obtener subvenciones».
Además, califican de «sorprendente» que, en 2012, el empresario comentase que «es la primera vez que se inspecciona en Galicia». «Deduciéndose que, hasta ahora, todas las subvenciones remitidas no recibieron inspección alguna, ni se controlaron los requisitos», apunta sobre ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo o la Consellería de Traballo.
«INFLUIR» EN POLITICOS
Por otra parte, concluyen que, cuando empezó a no conseguir algunas subvenciones, para las que, según el sumario, crearía sociedades mercantiles sin actividad, intentó «influir» en el exconselleiro de Industria Javier Guerra y la titular de Traballo, Beatriz Mato, aunque sin éxito. «No se atreven», llega a afirmar.
Al respecto, el sumario recoge llamadas de Crespo y mensajes enviados por móvil al exsenador del PP José Manuel Romay Beccaría; a responsables de la Consellería de Traballo e Benestar y al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), así como a su secretaria.
En el caso del Ayuntamiento herculino, Crespo recrimina a esta última que no le avisaran de un concurso de bibliotecas. «Ahora nos hemos presentado al tema del OMIC. Para que lo sepa», le dice, en alusión al alcalde, y tras recordar que el de las bibliotecas lo había conseguido durante el gobierno del bipartito coruñés.
«PESO ESPECIFICO» EN EL PP
La investigación policial remarca también «el peso específico en el PP» de Crespo. «O lo solucionas o lo paso a instancias superiores», dice a un funcionario en una conversación recogida en estas grabaciones.
Mientras, los investigadores se muestran sorprendidos porque sean «los cargos políticos los que decidan a quién se paga o cuándo» en relación a las subvenciones concedidas. «No debería ser una actividad reglada», se preguntan tras una conversación entre Gerardo Crespo y un representante de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid.
ASOCIACIÓN QUE «VIVÍA» DE AYUDAS
En el caso del presidente de Caype, Eliseo Calviño, se remarca que, pese a tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, «cobraba 4.500 euros» y que su mujer «era receptora de más de 2.000 euros por desarrollar cursos a distancia de pocas horas», señala tras la declaración de una de sus exempleadas. También subraya que la asociación vivía «en exclusiva» de subvenciones.
Asimismo, argumentan que tanto el presidente de Caype como el de Feaga, así como otros clientes de cursos de formación, «solicitaban y obtenían porcentajes superiores a los que permite la ley de las subvenciones» sobre la cuantía de las mismas.
Al respecto, apuntan que esas devoluciones se hacían «en metálico o en dádivas de distinta especie». En concreto, en el caso del presidente de Feaga, y en base a las intervenciones telefónicas, dicen que Pérez Bello le habría «pedido» a Crespo «50.000 euros».
«Es significativa la opinión del presidente de Feaga de que en el ámbito de la formación hay un carro de pasta», apostillan.
En el caso del presidente de Caype, destacan una conversación con la directora xeral de Emprego e Formación de la Xunta, Ana María Díaz, en la que le pide que el Gobierno gallego redacte un nuevo documento «en el que se detallen las homologaciones de los cursos que quiere impartir Caype». «Es llamativo que le diga ya recojo yo el guante», dicen sobre la respuesta de ésta última.
(Europa Press)
