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Los cuatro sindicatos mayoritarios en función pública, CIG, CC.OO., UGT y CSIF, han pedido a la Xunta que acceda a abonar a todos los funcionarios la parte que les corresponde de la paga extra de diciembre de 2012, que se suprimió por decreto estatal, tras dar a conocer la primera sentencia de un juzgado gallego que obliga a pagarla a una funcionaria, en concreto una trabajadora del Sergas. Ya había pronunciamientos en favor de personal laboral.
La decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña considera que la redacción del decreto por el que se suprimía esta paga «no imponía la privación total» de la extra «ni señalaba una fórmula, índice o método de cálculo», por lo que los actos de desarrollo y aplicación «debían respetar los derechos» que cada funcionario hubiese adquirido a 15 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigor el decreto, y no aplicarse de forma retroactiva.
En el caso de la funcionaria estatutaria que presentó esta demanda, añade el texto, esos derechos adquiridos se corresponden con el periodo entre el 1 de junio y el 14 de julio –se considera que la paga extra de diciembre se empieza a devengar el 1 de junio, día a día–.
Así, considera que se debe abonar «no la totalidad de la paga extraordinaria, sino la proporción que ya se devengó», es decir, la correspondiente a ese mes y medio transcurrido entre que comenzó a generarse la extra y la entrada en vigor de la norma. Asimismo, la sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso, condena a costas al Sergas, hasta un límite de 400 euros.
Los sindicatos han presentado este viernes 24 el contenido de esta sentencia, fechada el jueves, y han pedido a la Xunta que, en previsión de que los juzgados darán la razón a todos los demandantes, acepte devolver ya la parte de la extra que ya se había devengado. Si todos los funcionarios denuncian, han advertido, además de abonar la extra deberán pagar las costas.
La portavoz de la CIG en materia de función pública, Carme López Santamariña, ha señalado que no tienen una estimación concreta de lo que puede suponer a la Xunta, pero calcula que la cantidad proporcional que habría que devolver en cada caso puede oscilar entre los 100 y los 200 euros.
(EUROPA PRESS)
