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El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz envió anoche a la Policía Nacional a la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, para que obtuviera la documentación relacionada con las obras de reforma que llevó a cabo entre 2005 y 2011, así como «cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con las consecuencias de los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción», en referencia a la supuesta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas.
Así consta en el auto de requerimiento judicial dictado ayer, jueves, por el juez Ruz en el que se ordena al PP «la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja, Auditoría Interna o sus anexos» que esté relacionada con las obras de reforma llevadas a cabo por Unifica en Génova y «cuanta información y documentación adicional, en soporte papel o digital, que guarde relación con los hechos».
El magistrado también solicitó a los integrantes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se hicieran con los «efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada» en relación con los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez y el arquitecto responsable de Unifica, Gonzalo Urquijo.
Todos ellos están imputados por uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, debido a la coincidencia de tres recibís incautados en la sede de Unifica con tres salidas contables anotadas en la supuesta contabilidad B de Bárcenas, en calidad de autor o cooperadores necesarios, así como eventualmente de otro delito de falsedad documental.
DONACIONES DELICTIVAS
Los hechos investigados por el titular del Juzgado Central de Investigación número 5 también podrían ser constitutivos, según explica el juez en su auto, de delitos contra la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias.
Para enmarcar las actividades del PP en estos tipos penales deberían demostrarse, según la resolución judicial, «las supuestas aportaciones irregulares al Partido Popular para nutrir la presunta caja B llevada en el seno del mismo mediante las donaciones atribuidas al conjunto de los empresarios y particulares que actualmente ostentan la condición de querellados, en contraprestación a los contratos y adjudicaciones que hubieran sido generadas a su favor en el ámbito de las diferentes Administraciones Públicas».
14 HORAS DE REGISTRO
El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y dos miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), uno de ellos experto en informática, se personaron en la sede de los populares pasadas las ocho y media de la tarde para obtener facturas sobre las obras de reforma que realizó entre 2005 y 2011, que fueron solicitadas por el juez y no se aportaron a la causa. El juez sospecha que una parte, en concreto 888.000 euros, podrían haberse pagado con dinero negro.
La comisión judicial ha permanecido en la sede central ‘popular’ durante más de 14 horas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática.
(EUROPA PRESS)
