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Los inspectores de la Comisión Europea, viajarán a Gibraltar el próximo 25 de septiembre para determinar si el endurecimiento de los controles fronterizos por parte del Gobierno español desde este verano, se ajusta a la normativa comunitaria tal y como ha pedido Reino Unido, y para examinar sobre el terreno los problemas de contrabando como exige España.
«El presidente (de la Comisión, José Manuel Durao Barroso), ha hablado este martes día 17, con el presidente Rajoy. Han acordado que la misión -cuyo principio se había pactado ya el pasado 19 de agosto- irá a la frontera entre España y Gibraltar el próximo 25 de septiembre para examinar los controles en la frontera y la libre circulación de personas y mercancías, incluyendo el posible contrabando y fraude», ha dicho la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde.
«También se ha acordado que las quejas presentadas por España sobre el lanzamiento de bloques de hormigón y el nuevo depósito de arena en el contexto del proyecto Eastside se tratarán de forma paralela y con el rigor necesario por la Comisión Europea«, ha agregado.
Por ello, el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras que impide faenar a la flota española, ha quedado fuera del mandato de la misión pese a las pretensiones iniciales de España. Bruselas está examinado ya la queja presentada por el Gobierno a finales de agosto por esta cuestión y las 100 páginas de información adicional remitidas por Madrid la semana pasada. La misión tampoco abordará cuestiones de fraude fiscal.
La previsión es que los inspectores lleguen a la zona el próximo día 24, dediquen el 25 a realizar todos los trabajos que les han sido encomendados y regresen el día 26 de septiembre, tras el acuerdo cerrado en las últimas horas entre Rajoy y Barroso.
Fue el primer ministro británico, David Cameron, el que solicitó en agosto al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, que enviara una misión de observadores a Gibraltar. Cameron denunció que los controles fronterizos españoles en el Peñón son desproporcionados y están políticamente motivados.
Sin embargo, a esta conversación con José Manuel Barroso le siguió otra de Mariano Rajoy, quien defendió ante el presidente de la Comisión los controles en la Verja alegando que España ejerce «sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera», entre otras razones, porque no se trata de territorio Schengen –respaldado por un acuerdo según el cual los países que lo han suscrito han suprimido los controles en las fronteras interiores y los trasladan a las exteriores–.
El jefe del Ejecutivo español aceptó el envío de la misión, pero reclamó la ampliación de su mandato para que controlara que «la actividad económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad». Estos asuntos son de especial interés para España, por el notable perjuicio que su práctica conlleva para las arcas del Estado.
El Gobierno británico no era partidario de ampliar la misión a estos asuntos, pero según han asegurado a Europa Press fuentes del Ejecutivo español, finalmente los inspectores también trabajarán sobre los problemas de blanqueo de capitales, además de los controles fronterizos y el contrabando.
Barroso pidió el pasado jueves en una entrevista a Rajoy y a Cameron «sentido común» para «encontrar una solución a los problemas políticos» en Gibraltar. Pero dejó claro que no dudará en actuar contra España si detecta que los controles en la Verja violan la libre circulación de personas o bienes y también abrió la puerta a actuar contra el posible contrabando de tabaco.
