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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, día 17, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión inmediata al Congreso de los diputados, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, donde se buscará «un consenso más amplio» en torno a la reforma.
En una comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría ha afirmado que se trata de «la ley más importante de la Legislatura» y «una de las reformas fundamentales» del Ejecutivo, pues tiene «un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes».
«Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil«, ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha destacado que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.
Asimismo, ha destacado que para su redacción «se han tenido en cuenta» las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general con un buzón de sugerencias.
Sobre este asunto, Wert, interpelado sobre la falta de acuerdo en torno a la reforma y las protestas que suscita en la comunidad educativa, ha afirmado que el Ejecutivo va a «intentar todo lo que esté en su mano» para «conseguir un consenso más amplio, no sólo político, sino también social«, aunque ha advertido de que se hará «sin desvirtuar» los planteamientos esenciales del texto.
Además, ha recordado que la Ley Orgánica de Educación vigente «se aprobó con algo menos del 52 por ciento de los votos» en el Parlamento y «nadie ha objetado su falta de legitimación democrática».
Asimismo, el ministro se ha referido a la dotación económica con que contará la ley, que el Consejo de Estado considera insuficiente, para explicar que hasta el 95 por ciento de los costes directos de implantación de la norma se deben al adelanto de los itinerarios formativos en la ESO y la creación de la Formación Profesional Básica y podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en tanto que en el horizonte 2014/2020 «uno de sus objetivos temáticos es la eliminación del abandono escolar temprano y la capacitación de los jóvenes».
«Tenemos la seguridad de que la capacidad de absorción de esos fondos del Fondo Social Europeo la implantación de estas medidas va a permitir financiar una cantidad entre el 55 y el 65 por ciento de a su vez el 95 por ciento del coste de ambas«, ha asegurado. Con todo, el Ejecutivo calcula que harán falta 22 millones de euros el primer año, 130 el segundo y 255 el tercero para su implantación plena.
Una reforma «inaplazable»
El ministro ha afirmado que «la razón por la cual esta reforma es inaplazable» es la tasa de abandono y de fracaso escolar que hay en España porque, según ha dicho, «es lo que más compromete no sólo el futuro de los jóvenes, sino de la economía y la sociedad». «Si se estabiliza una tasa como la que tenemos o teníamos en años anteriores, el 32% en 2008, no sólo hablamos ya de la dificultad de los jóvenes hoy para conseguir un empleo, sino de que cuando no sean tan jóvenes puedan insertarse en la sociedad», ha señalado.
Según ha dicho, con la LOMCE se busca «garantizar el derecho a la educación asegurando y mejorando la permanencia para reducir el abandono escolar temprano», consolidar «un sistema flexible y transitable» a nivel práctico, reforzar «la autonomía de los centros y también las competencias de las administraciones educativas» y conseguir una «homogeneización de los elementos básicos de las enseñanzas comunes, con el correlato de la señalización de aprendizajes mediante evaluaciones externas iguales en todo el territorio nacional».
El ministro ha destacado que la LOMCE supone un «cambio en la filosofía» de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en tanto que se dividen las asignaturas en «troncales, específicas y de libre configuración autonómica» para «poder definir, utilizando las competencias del Estado, un núcleo básico homogéneo» que a su vez garantice uniformidad en los contenidos educativos en todo el país.
Además, ha puesto el acento en «la nueva concepción, impulso y modernización de la Formación Profesional«, con la creación de la Formación Profesional Básica, porque a su juicio este tramo es «la mayor debilidad desde el punto de vista de titulación» del sistema español. Por ello, se introducen medidas que a su juicio cambian «radicalmente el planteamiento» para hacer este tramo «más digno y mejor enfocado a la empleabilidad» y lograr que sea «más transitable y flexible» para los alumnos.
Otro de los aspectos que ha destacado es la introducción de evaluaciones externas al término de cada etapa en todo el territorio nacional, que servirán para «mejorar el conocimiento de las áreas instrumentales» y «conseguir que los aprendizajes sean objeto de una señalización clara». «Había desaparecido por completo la cultura de la evaluación«, ha dicho Wert, para incidir en que la prueba de Primaria «no tendrá efectos académicos» porque no sirve para titular, mientras las de ESO y Bachillerato sí tendrán consecuencias aunque «se conciben con mucha flexibilidad».
«No son reválidas ni tienen su objetivo, no son esencialmente pruebas de conocimientos sino para señalizar la adquisición de competencias. No tienen el objetivo de las reválidas de parar en el camino para ajustar la demanda a las posibilidades de oferta, ahora no tenemos ese problema y no se trata de eso. Si lo que queremos es reducir el abandono escolar temprano las evaluaciones no pueden ser obstáculos«, ha reiterado el ministro.
Religión cuenta y con tres suspensos no se pasa
El texto que ha aprobado el Consejo de Ministros recoge varias novedades respecto del anteproyecto que manejaba el Gobierno, entre las que destaca la nueva concepción de la asignatura de Religión, que, al igual que su ‘asignatura espejo’, será evaluable con una nota que contará para la media del curso a todos los efectos, aunque no será materia de examen en las evaluaciones nacionales. Ambas materias se ofrecerán, además, como optativas para facilitar que, quien quiera, curse las dos.
Por otra parte, se cambia el sistema de promoción, de manera que no se podrá pasar con más de dos suspensos y tampoco si las dos materias que no se han aprobado son matemáticas y lengua o lengua cooficial, extremo que ha confirmado el ministro, que también se ha referido a la elección del castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial para afirmar que la obligación del Estado es garantizar el derecho de los padres a elegir el idioma en que se educa a sus hijos.
Para ello, se contempla que el Ejecutivo pague el coste de escolarizar al alumno en un colegio privado donde pueda estudiar en castellano y luego detraiga el importe de la factura del presupuesto que corresponda a la comunidad autónoma en el marco de la financiación autonómica. Educación estima que el coste de la medida sería de 5 millones de euros para un millar de alumnos e incide en que en todo caso, sería una medida «transitoria» en tanto la autonomía le da solución. «Hablamos de algo muy excepcional y de un mecanismo que en la disposición adicional (de la LOMCE) se plantea como subsidiario«, ha dicho el ministro.
