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El PSC ha presentado este jueves un documento que está elaborando sobre buenas prácticas y transparencia en el que plantea que los imputados del partido deban dejar todos sus cargos, los orgánicos y los electos, si la justicia finalmente decide abrir un «juicio oral» contra ellos.
En rueda de prensa, la coordinadora del documento y dirigente del partido, Lídia Santos, ha explicado que la democracia está ante una «situación de riesgo» por el distanciamiento de los ciudadanos de la política y, ante este escenario, ha defendido que los partidos deben impulsar nuevas propuestas.
El líder del partido, Pere Navarro, ha asegurado que el documento está «abierto» a aportaciones, y que espera aprobar la versión definitiva en una convención sobre regeneración democrática que el partido de los socialistas catalanes tiene previsto celebrar en otoño.
Así, el documento plantea que si la imputación es a instancias del juez o la fiscalía, el imputado deberá ver suspendidos de manera inmediata sus cargos orgánicos y electos, algo que se convertiría en «renuncia o cese» si se abre juicio oral.
El documento también pide prever mecanismos de «rehabilitación» de los imputados, tanto en el seno del partido, como en relación a a la restitución de su honor a través de los medios de comunicación.
Bustos y Fernández
El PSC tiene actualmente a varios militantes de peso imputados, como el exsecretario de Organización y actual diputado en el Parlament Dani Fernández, y el exalcalde de Sabadell y actualmente concejal por esta ciudad Manuel Bustos.
La aplicación del documento obligaría a Fernández y a Bustos a dejar sus actas de diputados y de concejal, respectivamente, si finalmente se abre un juicio contra ellos.
Más medidas
Con el nombre ‘Fortalezcamos la democracia’, el documento plantea un alud de medidas dividas en cuatro ámbitos: los partidos políticos, la gestión de la administración, la transparencia y el acceso a la información, y la lucha contra la corrupción.
Entre las medidas más destacadas, se plantea que se generalice la convocatoria de primarias en todos los partidos, que se les obligue a presentar sus presupuestos y su ejecución en sus respectivas web, y que se les adscriba un interventor de la Generalitat para hacer un seguimiento de sus cuentas.
El documento también propone vetar temporalmente para las contratas públicas aquellas empresas que hayan sido condenadas por corrupción, que aumente el tiempo por el que prescriben los delitos derivados del ejercicio de una actividad pública y que no se puedan indultar.
También se plantea la limitación de las donaciones de particulares a 10.000 euros al año –ahora son 100.000–, la restricción del gasto electoral, y promover dos leyes para la mejora de la transparencia y el ejercicio público: la ley de organización de la administración de la Generalitat y la ley de la función pública de Cataluña.
«El PSC, más allá de declaraciones frívolas o crear titulares, quiere seriedad a la política y dar alternativas estudiadas», ha sentenciado Navarro.
PSC de Barcelona
El primer secretario del PSC de Barcelona, Carles Martí, ha presentado también una iniciativa de su federación, ‘Partit Obert’ –‘Partido Abierto’–, por la que la formación asume un conjunto de iniciativas en favor de la transparencia y la regeneración democrática.
Entre otras cuestiones, el partido se compromete a crear un «portal específico» en el que se recogerán datos como las declaraciones de bienes, actividades e intereses de los cargos electos, y el presupuesto y el patrimonio del partido.
