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El 83% de los establecimientos de compraventa de oro incumplían algún aspecto de la normativa vigente cuando fueron inspeccionados por la Xunta, aunque la mayor parte de los mismos han corregido las deficiencias tras la advertencia del Gobierno gallego, que ha abierto, no obstante, 86 expedientes sancionadores.
La directora xeral de Comercio y presidenta del Instituto Galego de Consumo (IGC), Sol Vázquez Abeal, y la gerente del IGC, María Jesús Muñoz Chesa, han presentado este miércoles los resultados de la campaña de control de este tipo de establecimientos.
En total, se han inspeccionado 209 tiendas de las 287 que constaban como activas en el momento de comenzar la campaña. De estas, 174 presentaban algún tipo de irregularidad. En el 65% de los locales no se exponía el precio del metal por unidad de medida; en el 48% las balanzas no eran aptas para transacciones comerciales –deben tener el marcado CE y una placa con un número en el que las últimas dos cifras indican el año de revisión, que se debe efectuar cada dos años–; en el 19% no existían hojas de reclamaciones oficiales y en el 21% no había un cartel que informase de la disponibilidad de las mismas.
En una segunda visita, los inspectores comprobaron que el 78% de las irregularidades detectadas habían sido subsanadas. De este modo, el Gobierno ha procedido a abrir expedientes sancionadores a 86 establecimientos que no corrigieron los incumplimientos.
Las sanciones, ha explicado Muñoz Chesa, dependen de la infracción, que es considerada una falta leve en el caso de que no se aclare el precio del metal y grave en casos de fallos en las balanzas, dado que son el elemento fundamental para fijar el dinero a pagar por los metales preciosos. En el segundo supuesto, las sanciones van de los 3.000 hasta los 15.000 euros.
La directora xeral de Comercio ha destacado la «positividad» de la acción, que ha contribuido a «clarificar» un mercado «desconocido», a detectar incumplimientos de la norma y a que estos se corrijan.
Colaboración
Además, ha destacado que la Xunta ha realizado esta campaña en colaboración con la Policía y la Guardia Civil, así como con las subdelegaciones del Gobierno. Preguntadas por si se ha detectado que estos establecimientos reciban material procedente de robos, Muñoz Chesa ha indicado que el Gobierno gallego ha cooperado con las fuerzas de seguridad del Estado y ha efectuado algunas comprobaciones útiles para ellos.
Así, ha explicado que estos establecimientos deben contar con un libro de registro que deben recoger en las subdelegaciones del Gobierno y en el que deben asentar todas las operaciones. Semanalmente deben informar de sus movimientos, con lo que la Policía puede hacer uso de esa información y cruzarla con datos de robos que se hayan producido.
