«El tribunal de Cuentas actúa con poca independencia y su control es pobre»

(R.Rivera).-Fernando Jiménez Sánchez, investigador de la Universidad de Murcia y evaluador de un informe de la UE, considera que el tribunal no tiene capacidad para emitir dictámenes serios porque se nutre principalmente de los datos de los partidos. Además, resuelve demasiado tarde. 

Leopoldo Gonzalo y González, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Francisco de Vitoria, ve limitado el papel jurisdiccional del tribunal, cuya cúpula la eligen los partidos.

El Tribunal de Cuentas actúa con poca independencia, resuelve muy tarde y tiene una capacidad muy limitada para detectar irregularidades contables y hacer cumplir la ley. Así se pronuncian expertos consultados por esta redacción sobre el órgano encargado de analizar las cuentas de los partidos, que recibirán este año 66,2 millones de euros de los Presupuestos del Estado.

Fernando Jiménez Sánchez, investigador de la Universidad de Murcia y evaluador de un informe del Consejo de Europa que advierte de la falta de control sobre las finanzas de los partidos, explica que el principal problema del Tribunal de Cuentas es que no tiene plena capacidad para «actuar en serio» porque se nutre sobre todo de los datos de los partidos. “No puede cruzar información con la Agencia Tributaria y el único avance en la reforma de la ley es que se le permite pedir información al Banco de España sobre los créditos a los partidos”.

Según el profesor, este tribunal debería, además, hacer comprobaciones sobre si los gastos declarados que presentan los partidos han sido los reales; de esa manera, se podrían detectar indicios de financiación ilegal.

Otra pega del órgano fiscalizador es que actúa con mucho retraso. “Si el control fiscal y de transparencia funciona desfasado y de forma pobre, pues no vale gran cosa”, sostiene Leopoldo Gonzalo y González, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Francisco de Vitoria, que ve limitada la función jurisdiccional de este tribunal. Sus informes van a veces un paso por detrás de las investigaciones periodísticas y los procesos judiciales.

Ambos expertos coinciden en el perfil político del órgano, cuyos consejeros los designa el Congreso a propuesta de los partidos. “Actúa con escasísima independencia política y no es estrictamente jurisdiccional, porque no puede juzgar. Si hay responsabilidad contable, se traslada al órgano judicial competente”, señala el profesor Gonzalo y González, que es partidario de eliminar las subvenciones a los partidos.

El investigador Fernando Jiménez Sánchez piensa que la opacidad y las presuntas irregularidades en la financiación de los partidos no se solucionarían eliminando la transferencia de dinero pública, ya que argumente que las lagunas del sistema hay que buscarlas en el sistema de contratación pública y en la politización de las instituciones.

“Hay que garantizar la suficiencia financiera de los partidos con combinaciones posibles, de lo público y lo privado”. El profesor pone el ejemplo de Alemania, donde los partidos deben buscar fondos privados y en función de lo que logren y cómo se financien en el ámbito privado reciben dinero público. En EEUU, hay un sistema de límites de gasto para emplear fondos públicis y si el partido los supera tendrá que recurrir a las donaciones privadas. En la cultura estadounidense la participación de los grandes grupos de poder y empresas en los partidos tiene recorrido y puede suponer un riesgo por exceso de influencia de los ‘lobbies’. Pero compensa esa presión la transparencia; todo el mundo sabe quiénes están detrás de un determinado político o formación.

“A los políticos hay que cortarles las alas, no pueden hacer de la administración su patrimonio”, advierte Fernando Jiménez Sánchez, para quien la falta de transparencia y la politización de las instituciones está acostumbrando a la sociedad a saber que los partidos “juegan con la trampa”.