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Se podría reducir el coste y la Xunta colaboraría economicamente
La empresa consultará a la UE sobre la legalidad de la construcción
Navantia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han transmitido su negativa a hacerse cargo de la financiación del dique flotante que se reclama para el astillero público de Ferrol, a menos que se reduzca su coste, según se ha transmitido en la Comisión de Seguimiento celebrada este miércoles, y en la que se ha anunciado que se realizará una consulta a la Unión Europea sobre la construcción de esta infraestructura.
La Comisión de Seguimiento, la tercera que se desarrolla y que estaba pendiente desde el mes de agosto, se celebró en el astillero de Navantia Ferrol, con la presencia del presidente de la SEPI, Ramón Aguirre; el consejero delegado de Navantia, Jaime de Rábago; el director xeral de Industria de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces; los representantes sindicales de los comités de empresa de Ferrol y Fene y portavoces y alcaldes de la comarca.
Al término de la reunión, el portavoz del comité de Ferrol, Ignacio Naveiras (CC OO), transmitió a casi 1.500 trabajadores que se concentraron a la puerta del astillero ferrolano el resultado de la reunión, que calificó de «farragosa».
Como primera conclusión, ha señalado que la cifra de coste que se estima, en torno a los 170 millones tan solo la construcción del dique flotante –serían 212 millones incluyendo dragados y distintos trámites administrativos–, no sería asumible, ni con cargo a las cuentas de Navantia ni a las de la SEPI, a la que pertenece la empresa. En este último caso, Naveiras ha lamentado que la Sociedad Estatal asegure que «los 1.200 millones de euros de liquidez de los que dispone, están comprometidos».
En cuanto a la Xunta de Galicia, ha manifestado que tampoco asumiría la financiación del dique en las cifras en las que se está planteando, según informó Naveiras.
Por este motivo, se realizarán nuevos estudios para poder reducir el coste del dique, hasta aproximarlo a los 140 millones de euros en los que lo había cifrado el Colegio de Ingenieros Navales de Galicia. En el plazo de dos o tres semanas, se convocará una nueva reunión para estudiar si se ha logrado «adelgazar» el coste de esta infraestructura, que está destinada a la reparación de grandes buques.
En caso de que se reduzca el coste estimado del dique, por parte de la Xunta de Galicia, según aseguró Naveiras, se participaría en su financiación.
Pasar la pelota a la UE
Sin embargo, los responsables de Navantia informaron también que se realizará una consulta no vinculante a la Unión Europea para determinar si la utilización de fondos públicos para la construcción del dique se entenderían ayudas ilegales o se estaría incumpliendo el veto a la construcción naval civil que se fijó en 2004.
Para el portavoz del comité, se podría acabar dando la situación de que se «echara la pelota» al Comisario de Competencia de la Unión Europea, el socialista Joaquín Almunia, cuando quienes «adquirieron el compromiso en Galicia y en Madrid corresponden a otro partido político diferente», en referencia al PP.
El comité añade que el retraso en la convocatoria de la reunión, que se tendría que haber celebrado en agosto, responde a una «dilación a propósito en el tiempo, por una fecha electoral», la de las elecciones autonómicas de Galicia.
No obstante, ha señalado que se dará de margen el plazo de «dos o tres semanas» como «el peaje que hay que pagar», pero advirtió de que «si es una dilación más aquí ya va a quedar más de uno retratado, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio».
