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Los concursos presentados en los órganos judiciales gallegos registraron en el tercer trimestre de 2023 un aumento del 89,5 % respecto a las mismas fechas de 2022. En total, en la comunidad se solicitaron 379 concursos, de los cuales la gran mayoría, 298, corresponden a personas naturales sin actividad empresarial, es decir, particulares con deudas.
Este tipo de concurso incrementó en el periodo estudiado un 297,3 %, según los datos estadísticos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que los de personas jurídicas, empresas, descendieron un 23,3 %, pues sumaron 66. Los de personas naturales empresarias también bajaron (un 61,5 %), pues se presentaron 15, frente a los 39 del mismo periodo de 2022.
Lanzamientos
Los juzgados gallegos practicaron en el tercer trimestre de este año 303 lanzamientos, un 1 % menos que en 2022. De ellos, 259, el 85,5 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales aumentaron un 4 %. Otros 32 correspondieron a ejecuciones hipotecarias, un 37,3 % menos que en 2022, y los 12 restantes, derivaron de otras causas.
En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 9,6 lanzamientos derivados de la LAU, lo que la sitúa en la sexta comunidad con la tasa más alta del Estado, por detrás de Canarias (13,3), Islas Baleares (13), Cataluña (12,6), Comunidad Valenciana (11) y Asturias (10,3). Además, por cada 100.000 habitantes se practicaron 1,2 ejecuciones hipotecarias.
En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre julio y septiembre disminuyeron un 26 % respecto a las mismas fechas de 2022, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del CGPJ.
Ejecuciones hipotecarias
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el tercer trimestre del año descendió un 37,2 % con respecto al mismo periodo de 2022. En el periodo estudiado se presentaron 103 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 164 del año anterior.
Cláusulas suelo
Entre julio y septiembre de 2023 los juzgados ingresaron 1.321 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo), lo que supone un aumento interanual de un 31,7 %. Además, se dictaron 1.003 sentencias, de las cuales el 94,9 %fueron estimatorias.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
El estudio también refleja que en el periodo estudiado los juzgados gallegos ingresaron 29 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 31,8 % más que en las mismas fechas de 2022.
Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 1,1 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media estatal se situó en 0,8.
Demandas por despido y reclamación de cantidad
En el tercer trimestre de 2023, se registraron en los juzgados de lo Social 1.284 demandas por despido, cifra que muestra un descenso del 3 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 2.000, fue un 9,9 % superior a las registradas en el mismo periodo de 2022.
ERE
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), entre julio y septiembre de 2023 se presentaron 9, frente a los 4 del mismo periodo del año anterior. Monitorios
El estudio, además, muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados entre julio y septiembre de 2023 en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se interpusieron 10.697, frente a los 9.831 del año anterior, lo que supuso un incremento interanual del 8,8 %.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Para más información:
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
