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El área Jurídica de COGAMI cuenta con un servicio de asesoramiento gratuito especializado que está dirigido a personas con discapacidad y familias, además de entidades representativas del ámbito social de la discapacidad que tiene por finalidad apoyar, informar y asesorar sobre los recursos sociales existentes y hacer intervenciones sociales en aquellas situaciones que lo precisen, con el fin de favorecer la inserción social y laboral del colectivo. Las principales acciones realizadas son la resolución de consultas, gestiones de recursos, apoyos asociativos o denuncias, que requieren de conocimiento especializado en materias relacionadas con la discapacidad, los derechos y el asociacionismo.
Desde que inició el año, desde el área Jurídica se respondieron 141 consultas, la mayor parte de estas procedentes de la provincia de A Coruña, seguida de la de Pontevedra, Ourense y Lugo. Desde a puesta en marcha de este servicio, financiado por varias convocatorias de la Xunta de Galicia cómo son Agentes de Empleo, Programa de Recursos Integrales o con los fondos que gestiona procedentes del 0,7% del IRPF, junto con las aportacións de las Diputaciones Provinciales de Pontevedra y Ourense, las consultas que más se repiten están relacionadas con el empleo y la inserción laboral, un total de 61, concretamente con los incentivos a la contratación, adaptación de puestos de trabajo, proceso y resolución de incapacidades laborales así como diversas situaciones en las que se encuentran las personas con discapacidad respeto del derecho al trabajo.
Otra de las temáticas que más se repite está relacionada con la accesibilidad, contabilizando un total de 36 apoyos especializados realizados para la presentación de quejas de este tipo; Agrupadas en la temática relacionada con el certificado del grado de discapacidad e incapacidades laborales, fueron 29 intervenciones realizadas. Asimismo, se completaron estas actuaciones con un total de 15 consultas de temática variada y solicitudes de ampliación de información sobre beneficios fiscales y prestaciones económicas existentes vinculadas a la discapacidad; así como relacionadas con los cambios en la normativa sobre la capacidad jurídica que entró en vigor hace año y medio, o las que acercan profesionales de los centros y servicios o los apoyos asociativos que se prestaron a las entidades que conforman COGAMI.
