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La Sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá este martes, 21 de septiembre, a las 9.45 h. el juicio por un posible delito de prevaricación contra Mariela Aguilar, ex edil del BNG en Fene que en el año 2017 suspendió un pleno de la corporación local que debatía una moción de censura del PP contra su formación. Procede del Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol.
Por estos hechos, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, y le atribuye «decidir de manera unilateral, abusando de su posición», el fin de la sesión extraordinaria.
El ministerio fiscal señala que el día 26 de octubre de 2017 la encausada, Mariela Aguilar, miembro del mismo grupo municipal que el alcalde e integrante, en su condición de concejal de mayor edad, de la Mesa que presidía el Pleno del Ayuntamiento, a pesar de haber sido informada por la secretaria y conociendo las resoluciones judiciales previas, y contra el criterio de la otra concejal de la propia Mesa de edad, la edil del PP Rocío Bértoa, decidió de manera unilateral y abusando de su posición que la moción había dejado de reunir los requisitos legales y acordó, haciendo valer su voto de calidad, la suspensión del Pleno evitando el debate y votación de la moción de censura y se justificó, según la acusada, por la recepción de una notificación del grupo Participación Democrática Directa en la que expulsaba a los ediles del partido local Somos Fene, que apoyó al PP. La iniciativa salió adelante en 2018 por decisión judicial.
La instructora del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol relató que la investigada, haciendo valer su voto de calidad como presidenta de la Mesa de Edad del concello , decidió “unilateral y arbitrariamente”, con el fin de “evitar el debate y la tramitación de la moción de censura”, suspender el pleno basándose en la condición de concejales no adscritos de dos personas. La jueza destacó que la concejala “ignoró deliberadamente la resolución judicial que había suspendido el acuerdo plenario que les otorgaba la condición de concejales no adscritos”, por lo que consideraba que carecía de “supuesto legal justificativo” para suspender el pleno.
La acusada figuró más tarde en la candidatura del BNG a las municipales del 2019 en el puesto número 17
