Una testigo del juicio por trata de blancas asegura que ejercía la prostitución «libremente»

A las  10.30 de la mañana de este jueves continuó en la sala segunda de la Audiencia Provincial el juicio por trata de seres humanos, inmigración ilegal   y contra la salud pública. Se juzga a seis acusados de dedicarse a obtener beneficios económicos a través del ejercicio de la prostitución por parte de terceras personas. La Fiscalía sostiene que organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana

desde su país, incumpliendo las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución. Además, los sospechosos presuntamente obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos donde se ejercía la prostitución. La acusación reclama para ellos penas de entre 15 y 84 años de cárcel. Procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.

En la mañana de este jueves una testigo del juicio ha declarado que tanto ella como otras que convivían con algunos de los encausados ejercían «libremente».

A preguntas de la defensa, la mujer ha mantenido que tanto ella como alguna otra que convivía con ellos tenían «libertad» para ejercer la prostitución. Relató cómo dos de los investigados le ayudaron a escapar de un club de Cartagena donde no estaba de acuerdo «con las condiciones» y cómo, una vez establecida con ellos, ella y otras compañeras les pagaban el alquiler y les abonaban «por agradecimiento» una cantidad de dinero voluntaria por ponerles anuncios por palabras para ofrecer sus servicios.

La testigo afirmó haber coincidido con otras mujeres y ha dicho que todas ejercían «libremente» la prostitución. A preguntas de la defensa, ha añadido que salían de fiesta o de compras cuando querían, sin verse retenidas en el domicilio.

TRASLADOS

En el juicio también declaró el propietario de un alojamiento hotelero en Madrid que admitió que recogía a mujeres venezolanas del aeropuerto y las trasladaba a estaciones de trenes por encargo de los acusados. El hombre aseguró que eran conscientes de que venían a ejercer la prostitución y añadió que los encausados eran los que abonaban el coste del servicio.

En total, el testigo afirmó que hizo estas gestiones para alrededor de «doce» mujeres de nacionalidad venezolana. A preguntas del fiscal, comentó que uno de los acusados le ofreció sexo con una de ella, aunque apostilló que, según él, era «en plan broma».

Otro testigo explicó cómo en 2018 le prestó a una prostituta 3.500 euros para que se los abonara a los acusados en concepto de «una deuda«. El hombre negó que estuviera retenida o que no tuviera su documentación, pero sí expuso que la mujer quería pagar el dinero porque «no quería tener problemas con esa gente».

«Me dijo que iba a pagar porque se lo habían prestado para el viaje», relató el testigo en el juicio, asegurando que oyó hablar de que iba a llegar a España otra amiga de República Dominicana para trabajar «voluntariamente» en la prostitución.

PENAS
En la primera sesión del juicio, el pasado mes de octubre, los seis acusados de obligar a mujeres a prostituirse en distintos pisos de ciudades españolas, entre ellas gallegas, negaron los hechos y alegaron que la ejercían libremente. Los hechos se remontan a 2017 y por los mismos se desarrolló un operativo que culminó, en 2019, con registros en ciudades como Ferrol, Pontevedra, Almería, Granada y Alicante.

En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que los seis organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo, para ello, las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con ánimo de que permaneciesen en España ejerciendo la prostitución.

La acusación pública exige para ellos penas que suman entre los 15 y los 84 años de cárcel por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y contra la salud pública. Las defensas, por su parte, piden la absolución, mientras que la acusación particular, ejercida en representación de una de las mujeres presuntamente obligadas a prostituirse, reclama una condena, pero excluye, en su caso, el delito contra la salud pública.

En una de las sesiones del juicio, una testigo declaró que prestaba los servicios bajo amenazas y durante unas 20 horas al día. «Me decían que iban descontando la deuda –por su desplazamiento a España y los gastos que le cobraban, expuso–, pero nunca terminabas de pagar», relató.
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