Golpe a la monarquía

Pedro Sande García

Me van a permitir que una vez que hemos entrado en la senda hacia una nueva realidad, deje de un lado el tema del Covid-19 y, publique este artículo que tiene fecha del pasado 27 de marzo pero que las circunstancias de la pandemia hicieron que lo dejara aparcado para otro momento. Creo que con ello estoy intentando que la vuelta a la nueva realidad sea «normal» pero sé que me estoy engañando, ni siquiera al cabo de muchos años me he acostumbrado a la vuelta a la realidad después de unas vacaciones y en este caso, ni es vuelta a la normalidad ni he estado de vacaciones. En cualquier caso les dejo con estas palabras escritas hace casi dos meses sobre un tema, latente en aquellos momentos, y que por las noticias publicadas en la última semana, viaje del actual rey emérito en el año 2010 a Suiza con un maletín que contenía 1,7 millones de euros y que supuestamente le había entregado en sultán de Bahréin, volverá a ser portada de nuestra nueva realidad:

La monarquía, en España, es un sistema legítimo y refrendado por el 87,8% de los
españoles en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Algo que no pueden
decir muchas, o la mayoría, de las monarquías parlamentarias de los países europeos. El que la monarquía haya sido aprobada por una mayoría de españoles no evita que sea un sistema ancestral donde la sucesión dinástica es un absurdo alejado de los más
elementales principios democráticos. La monarquía es un sistema que se rige por una
cuestión de apellido, un sistema en el cual si el monarca incumple sus tareas o comete
actos inmorales o delictivos su destitución es un acto de voluntarismo con unos
mecanismos para su expulsión muy complejos. Mucho más grave es cuando el sistema
declara al monarca inviolable y libre de todo tipo de responsabilidad, algo que
posiblemente sea aplicable en monarquías tribales pero queda fuera de toda lógica en un sistema democrático en pleno siglo XXI.

En España, desde la muerte del dictador, han transcurrido más de cuarenta años
que sin temor a equivocarme han sido los más prósperos de nuestra historia en términos de libertad, igualdad, progreso social y económico. Sin duda alguna el gran y principal artífice de estos años han sido los ciudadanos españoles, apoyados en sus instituciones, entre las que se encuentra la monarquía, y en unas normas de convivencia que nos han permitido vivir en libertad y prosperidad. Aquellos primeros años, denominados años de la transición, fue un período convulso donde algunos sectores de la sociedad repudiaban la institución monárquica. Una etapa de la historia de España donde los más beligerantes con la monarquía fueron personas e instituciones que añoraban el pasado franquista y que no reconocían o tildaban de traidor la figura del rey. Aquellos que a lo largo de su vida habían defendido a la república consintieron y aceptaron la nueva institución como garante de la estabilidad política del nuevo régimen.

A lo largo de estos años la figura del rey y la institución monárquica han disfrutado
de un halo de protección por parte de toda la sociedad, la crítica o la más mínima puesta en entredicho de la institución y del propio monarca no ha existido. Solo se han resaltado aquellos hechos que engrandecían la figura del rey, y se escondían aquellos rumores que sobre su persona han estado sobrevolando a lo largo de estos años.

Es innegable que en el referéndum de 1978 se aprobó la constitución y la monarquía como forma de Estado, pero también es innegable que hay un conjunto de ciudadanos, sería atrevido por mi parte dar una cifra o porcentaje de cuantos son, que hoy en día son contrarios a la institución monárquica y partidarios de la instauración de la
república. Algo que es posible siempre y cuando exista una mayoría que lo proponga a
través de los mecanismos democráticos existentes. También es cierto, y aquí tampoco me atrevería a dar una cifra, que en la actualidad la monarquía se encuentra en uno de sus momentos más bajos en cuanto apoyo popular. Esto no es debido a una causa exterior como podría ser un ataque de los contrarios a la institución monárquica, en la actualidad el mayor enemigo de la institución monárquica es el comportamiento de alguno de los miembros de la familia real. Ese comportamiento, hasta hace algunos años escondido para la opinión pública, empezó a destaparse con los negocios del yerno del actual rey emérito, momento en el cual la institución monárquica deja de estar protegida por su gran benefactor, el silencio que había tapado sus conductas ilegales e inmorales. Empieza a hablarse sin disimulo del comportamiento no adecuado del rey, actual rey emérito, saliendo a la luz pública las actividades extramatrimoniales que hasta la fecha se afirmaba que eran una cuestión interna del matrimonio real. El que fuera una cuestión interna no exonera que fuera un comportamiento inmoral.

Los últimos años de la historia de España se han caracterizado por los numerosos casos de corrupción, una auténtica infamia cometida por parte de representantes de la clase política y empresarial. Si todo ello no fuera suficiente y para añadir más infamia a la historia surge el escándalo de la supuesta donación de 100 millones de dólares, en el verano de 2008, al rey emérito por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Una transferencia que está investigando la Fiscalía suiza por considerar que podría ser una comisión por la adjudicación de las obras del Ave a la Meca a empresas españolas. Alguien nos tendrá que explicar cuál es la razón de que la transferencia se la haga el país que adjudica el contrato, lo normal hubiera sido que fuera realizada por las empresas adjudicatarias. En el verano de 2012, con parte de ese dinero, el rey emérito realiza una transferencia de 65 millones de euros a Corina Larsen (me imagino que en este momento de la historia todos ustedes saben quién es),
información destapada por las pesquisas abiertas en Suiza y reveladas por la Tribuna de Ginebra. A lo largo de 2019 se suceden diversas reuniones entre la fiscalía Suiza y la
fiscalía anticorrupción española y el 14 de marzo de 2020 estalla una nueva bomba
informativa cuando el diario británico The Telegraph revela que el actual rey de España es el segundo beneficiario de la fundación Lucum, fundación vinculada al rey emérito y a través de la cual se produjo el movimiento de dinero de la supuesta donación. Al día siguiente, 15 de marzo de 2020, el actual monarca renuncia a la herencia de su padre y deja al rey emérito sin la asignación que hasta la fecha percibía de los Presupuestos Generales del estado.

De la reacción del actual monarca surge una nueva pregunta ¿Cuál es la razón de que haya actuado con tanta rapidez y tomado una decisión tan drástica?
Aunque todo parece indicar que dicha actuación es debida al supuesto desconocimiento del actual rey sobre los negocios, si se pueden llamar así, de su padre. Una respuesta clara y contundente por parte de la Casa Real despejaría las dudas que puedan recaer sobre el monarca actual.

Al igual que todos los ciudadanos están sujetos a un conjunto de derechos y obligaciones, lo mismo le ocurre a la institución monárquica y a las personas que la
representan. No es posible, por mucho que la ley ampare al monarca, que este no esté
sujeto a un conjunto de obligaciones legales y morales y por lo tanto, como el resto de
ciudadanos, sea responsable de sus actos. En el caso de que se confirmarán los hechos
tan graves que implican al rey emérito, este debería renunciar a su inviolabilidad como último servicio a España y a la institución monárquica. En cualquier caso, su paso a la historia contendrá un capítulo en el que se le considerara un traidor a la confianza y la simpatía que le había otorgado la mayoría del pueblo español.

No es el único que tendría que dar explicaciones, los partidos políticos deberían de decir a los españoles cual es la razón de negar una comisión de investigación sobre unos asuntos tan graves.
En esta situación son los partidarios de la república los que se estarán frotando las
manos. Ojo, no se crean que este comportamiento de algunos miembros de la casa real
es lo que invalida a la monarquía, no lo hace por la misma razón que un comportamiento similar de un presidente de la república no invalidaría esa forma de gobierno. Las conductas inadecuadas invalidan a las personas no a las instituciones.

En cualquier caso, tanto los defensores de la institución monárquica como los de la
república seguirán, de manera legítima en ambos casos, defendiendo su postura que no es otra que la de tener un Jefe de Estado elegido de forma democrática cada 4 o 5 años o tener una institución monárquica que fue aprobada una vez por la mayoría de los españoles. Todos ellos deberán tener en cuenta que ningún ciudadano, por muy alta responsabilidad que ostente, puede quedar fuera del cumplimiento de las leyes.