Residencias de Mayores, Ingreso Mínimo Vital y Trabajadores Sociales.

Enrique Barrera Beitia
Las residencias de mayores.
La crisis del coronavirus ha puesto en el foco del debate las residencias de mayores, y ya se han sentando las bases para un debate centrado en la titularidad de estas instalaciones, lo que en sí mismo no tiene más problema que el de tapar otro debate seguramente más importante, como es tener claro si son la mejor alternativa. En Ferrol hemos tenido la fortuna de que nuestras residencias se han defendido del Covid-19 razonablemente bien, y dicho esto, creo que todos me darán la razón cuando digo que es muy necesario hablar sosegadamente de este asunto en un país como España, con una media de edad muy elevada, y con la mayor esperanza de vida del planeta, como vemos a continuación.
Las residencias de mayores son caras (la media de una privada en España es de 1.800 € al mes), y arrancan a los mayores del entorno social en el que han vivido. A estas alturas, no se puede prescindir de ellas y seguramente habrá que construir más, pero sería bueno potenciar alternativas, no tanto para reemplazarlas, sino para retrasar el ingreso en ellas de los mayores, y que estos vivan más años con más calidad de vida.

Ahora mismo tenemos dos alternativas claramente destacadas.
Una es el cohousing, edificios con servicios y zonas comunes, que permiten un envejecimiento más controlado y satisfactorio. La segunda alternativa son las viviendas tuteladas, en las que se hacen supervisiones puntuales (limpieza, lavandería, comidas a domicilio y visitas médicas), con un desembolso para pagar a los cuidadores más soportable que la estancia en una residencia.

Ya sabemos que un tema que nuestra corporación local tendrá que retomar cuando se normalice nuestra vida, será decidir la ubicación de la residencia de mayores, cuya característica más llamativa es que será financiada por Amancio Ortega y su gestión entregada a la Xunta de Galicia. Sin embargo, también deberían explorar la posibilidad de materializar en Ferrol estas alternativas.

El Ingreso Mínimo Vital y los Trabajadores Sociales: el ejército invisible.

Cuando escribo este artículo, el ministro José Luís Escrivá ha anunciado que el Ingreso Mínimo Vital estará operativo en junio, añadiendo que beneficiará a cerca de un millón de personas, y tendrá para su financiamiento 3.000 millones de euros.

Ahora mismo, las diferentes CC. AA conceden salarios sociales (en Galicia la conocemos como RISGA) a unas 800.000 personas, con una cuantía que oscila entre los 300 € (Murcia) y los 665 € (País Vasco). Ignoro si el millón de beneficiarios que indicaba el ministro incluye a estas personas, o son de nuevo acceso a esta prestación. La principal novedad es que ya no habrá incompatibilidad entre cobrar esta ayuda y trabajar, siempre que no se rebase por ambos conceptos una determinada cantidad, una modificación legal que considero muy acertada, ya que estas personas sólo
acceden o pueden acceder desgraciadamente, a contratos de pocas horas y mal remunerados. En cualquier caso, el primer cribado correrá a cargo de los trabajadores sociales del concello, y será con mucho el más laborioso.

Este colectivo es el ejército invisible en la lucha contra el Covid-19. Se habla de los sanitarios, de los militares, de las cajeras de supermercados, etc, pero nadie parece reparar en los trabajadores sociales que han tramitado en nuestra ciudad 420 Risgas, 420 bonos familiares para alimentación, y otras ayudas sociales. La plantilla ferrolana ha sido reforzada con tres administrativos y tres trabajadores sociales para atender a este pico de trabajo. Tienen contratos de seis meses prorrogables por otros tres, y creo que deberían ser puestos estables en la plantilla municipal.