La CIG denuncia a la alcaldesa de Mugardos por violación del derecho fundamental a la huelga

Según informa la CIG «El pasado 8 de marzo, coincidiendo con la jornada de huelga de mujeres, la alcaldesa de Mugardos, Pilar Otero ( IU), obligó a dos trabajadoras a acudir a su puesto, saltándose así el acuerdo de servicios mínimos conseguido con la representación social en el que no estaban incluidas estas dos empleadas.  Ante estos hechos, la CIG-Administración presentó denuncia en el juzgado por la violación del derecho fundamental a la huelga de las trabajadoras, solicitando que se imponga al Ayuntamiento la sanción máxima establecida en la orden social y cuyo juicio se celebrará el próximo 14 de mayo.

Hay que destacar que estos hechos ocurren en el contexto de confrontación que se da en este mandato entre la Alcaldía y el comité de empresa a causa del convenio colectivo que, después de unas largas y fracasadas negociaciones, finalizó en el Consello Galego de Relacións Laborais. El organismo emitió laudo arbitral dando la razón a las demandas de la parte social y avalando los acuerdos sobre diversos puntos a los que se llegó en la mediación».

En este marco, explica la CIG-Administración, «es en el que el pasado 7 de marzo cuando se acuerdan los servicios mínimos en el Ayuntamiento de Mugardos para la huelga de mujeres, en el que no fueron incluidas estas dos trabajadoras. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, en el último momento y a través de un mensaje de texto, el Ayuntamiento las obligó a acudir a su puesto de trabajo el 8 de Marzo, sin respetar el acuerdo alcanzado con la representación social».

La respuesta de la CIG «a este ataque» fue inmediata, situando desde la primera hora de la mañana del día 8 un piquete en la puerta del Ayuntamiento. Las trabajadoras afectadas, después de estar más de media hora delante de la puerta cerrada de la casa consistorial accedieron a su puesto de trabajo.

Después de una valoración de los hechos ocurridos en esa jornada, la CIG decidió denunciar en vía judicial «esta violación del derecho fundamental a la huelga que se produce, además, en una fecha tan significativa para la reivindicación de los derechos de las mujeres como el 8 de Marzo, solicitando que se imponga al Ayuntamiento y la Alcaldía a sanción máxima recogida en la orden social para esos casos, establecida en 25.000 euros».

La fecha de celebración del juicio está fijada para el próximo 14 de mayo y desde CIG «esperamos que se haga justicia y que también se recupere el diálogo y el acuerdo entre la Administración y el personal municipal».