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Fomento exige el estatus de «Estado con interés sustancial» en la investigación oficial sobre el hundimiento de un buque militar hecho en España
(LaInformación-Manuel Gil,Bruno Pérez)
El Gobierno ha decidido asumir en primera personal la defensa de los intereses de la empresa pública de construcción naval, Navantia, en el proceso de investigación que las autoridades noruegas siguen en relación al incidente marítimo ocurrido el pasado mes de noviembre frente a las costas de Bergen y que dio con el casco de una fragata adquirida en los astilleros estatales (Navantia-Ferrol) por la armada noruega en el lecho marino tras colisionar con un petrolero con bandera de Malta.
El Ministerio de Fomento ha solicitado al Gobierno de Noruega, a través del Comité Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), su inclusión en el proceso de investigación como ‘Estado con Interés Sustancial‘ en el caso, según han confirmado a La Información fuentes del Ministerio. Este estatus -regulado por una Directiva Europea- garantiza, entre otras cosas, que la comisión que investiga el caso deberá someter su dictamen sobre el accidente a las observaciones del Gobierno de España y deberá tenerlas en cuenta antes de publicarlo de manera definitiva.
La apertura de este canal permitirá asimismo al Gobierno de España poner a disposición de la investigación en condiciones de total seguridad la información de naturaleza confidencial sobre el diseño del buque que puede resultar de gran importancia para esclarecer qué pudo ocurrir para que el barco se inundara y que necesita de unas especiales acreditaciones de seguridad para ser revelada.
Las conclusiones preliminares
La cuestión no es menor. Las conclusiones preliminares evacuadas por la comisión de investigación apenas quince después del accidente, cuando apenas se había recabado la información más básica para conocer cómo se produjo éste, con el buque aún bajo el mar y sin consulta técnica alguna al fabricante, ya apuntaron a un posible fallo de diseño en la fragata construida en los astilleros de Ferrol que habría precipitado la inundación del casco y que se entendía como un fallo crítico.
El precipitado traslado a la opinión pública de este análisis preliminar -que las propias autoridades noruegas invitaron a tomar con cautela- hizo saltar todas las alarmas tanto en los cuarteles generales de Navantia como en el Gobierno de España, que interpretaron desde el primer momento la maniobra como un intento de cargar sobre el fabricante la responsabilidad del hundimiento del buque y, por tanto, también de las millonarias compensaciones que se podrían derivar de la eventual confirmación de un fallo de diseño en el buque.
Doble discurso
La información disponible revela existencia de un doble discurso por parte de las autoridades noruegas. Mientras desde la Armada y el Parlamento se desliza la probable responsabilidad de Navantia en el hundimiento del buque, la postura oficial de la comisión técnica que investiga el accidente (AIBN) -requerida sobre el particular por La Información- es que la agencia noruega de materia de defensa trabaja codo con codo con Navantia para esclarecer las circunstancias del accidente y que a día de hoy no se puede dar respuesta alguna sobre si existe algún error de diseño en la fragata ni sobre las eventuales compensaciones que Noruega podría exigir a la empresa española de construcción naval en el que caso de que se determinará que así fue.
La fragata hundida, de nombre Helge Instadt, tuvo un coste de 420 millones de dólares para las Armada noruega, que por ejemplo en 2018 tuvo un presupuesto total de 490 millones de dólares, lo que permite poner en perspectiva el esfuerzo económico realizado en su adquisición. Además, Navantia fabricó otras cuatro fragatas para la armada noruega, sobre cuyo diseño también se han despertado sospechas.
En Navantia temen que la estrategia de Noruega sea cargar las tintas contra el fabricante para recuperar al menos una parte del esfuerzo inversor realizado, pero también temen que esta estrategia impacte sobre la buena reputación de los astilleros públicos españoles en un momento crítico en que la empresa pretende desplegar un ambicioso Plan Estratégico para volver a la senda de la rentabilidad.
Tomar cartas en el asunto
Las potenciales amenazas sobre Navantia de este proceso han aconsejado al Gobierno de España tomar cartas en el asunto y solicitar su participación en la investigación, que según han confirmado a este medio las autoridades noruegas está siendo llevada a cabo por la Policía del país, en estrecha colaboración con la autoridad noruega de investigación de incidentes marítimos (AIBN) y varios grupos de investigadores contactados al efecto.
Las autoridades noruegas se mantienen en su línea argumental y aseguran que la Armada del país se ha visto obligada a adoptar diferentes medidas de seguridad en las otras cuatro fragatas adquiridas a Navantia tras el informe preliminar del 29 de noviembre.
Desde Navantia se elude toda responsabilidad en el incidente y la Armada Española, en un informe adelantado por ABC, apunta a un error humano para explicar tanto el accidente como el posterior hundimiento del buque militar. Fuentes de los astilleros recuerdan que antes de entregar las fragatas Navantia simuló la inundación de varias compartimentos de los buques para acreditar su resistencia en estas condiciones, cuestionan que la evacuación realizada tras el accidente respetara los protocolos de seguridad y critican que los trabajos realizados en las horas posteriores -en los que en ningún momento se contó con el personal técnico de Navantia desplegado de manera permanente en Noruega- no fueran capaces de mantener a flote el buque y no evitaran su hundimiento total.
Tras varios meses de trabajo, las autoridades noruegas reflotaron al fin la semana pasada el buque y ahora podrán analizar más en profundidad si la magnitud de los daños fue la causante del hundimiento o éste se produjo por otras circunstancias.
