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Cuatro sentencias del juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena dan la razón a jubilados de Bazán, Izar y Navantia condenando a la empresa y al SEPI a pagar el 3,2% de los IPC de los años 2012 y 2013 que no recibieron cuando concluyeron su etapa laboral.
Estas sentencias tienen una gran importancia pues en situación similar se encuentran unas trescientas personas en España, calculándose que, de ser favorables a los ex trabajadores, el montante podría alcanzar los sesenta millones de euros, que cubriría la corporación de empresas públicas SEPI.
José Luis Romero, del sindicato CC.OO. y que ha estado presente en los juicios como testigo, indica que espera que la empresa, «a la vista de estas sentencias, pague a todos y se evite seguir poniendo demandas». Apunta que las reclamaciones por los IPC de 2014 y 2015 están suspendidos al verse afectados por el conflicto colectivo del IPC negativo del primero de los ejercicios mentados.
