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El TSXG reconoce el derecho de un aspirante a obtener una plaza en Navantia tras corregir una valoración errónea de sus méritos de conocimiento de gallego.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha estimado el recurso presentado por un aspirante a una plaza de Técnico Senior de Emergencia, Seguridad y Salud Laboral convocada por NAVANTIA SA, reconociendo su derecho a acceder al puesto al que había concurrido y revocando la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social nº 2 de Ferrol.
El recurso fue dirigido por los letrados Cristóbal Dobarro y Ana Montenegro, del despacho Dobarro & Asociados, quienes sostuvieron durante todo el procedimiento que la empresa había realizado una interpretación incorrecta de la normativa autonómica reguladora de las certificaciones de conocimiento de lengua gallega.
Una exclusión basada en un requisito no previsto en la normativa
El litigio tenía su origen en el proceso selectivo convocado en febrero de 2023 por NAVANTIA SA para cubrir tres plazas de Técnico Senior de Emergencia, Seguridad y Salud Laboral. El demandante aportó certificaciones oficiales de conocimiento de lengua gallega equivalentes al nivel CELGA 4, pero la comisión de selección decidió no valorarlas al considerar que debía acompañarlas de un documento adicional de convalidación.
El Tribunal concluye ahora que dicha exigencia carecía de respaldo legal y que las certificaciones aportadas por el aspirante tenían, por disposición expresa dela normativa autonómica, la misma validez que las certificaciones CELGA correspondientes, sin necesidad de trámite adicional alguno.
La puntuación omitida cambiaba el resultado del proceso
La sentencia constata que la falta de valoración del mérito lingüístico privó al candidato de un punto que resultaba decisivo para la clasificación final. Una vez incorporada la puntuación correspondiente, el aspirante superaba la calificación del tercer candidato inicialmente seleccionado y pasaba a ocupar una de las plazas convocadas.
Por este motivo, el Tribunal declara expresamente el derecho del recurrente a acceder al puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Un pronunciamiento relevante para futuros procesos selectivos
La resolución adquiere especial relevancia porque recuerda que las entidades públicas y del sector público empresarial no pueden exigir requisitos documentales adicionales cuando la normativa reconoce directamente la validez de determinadas titulaciones o certificaciones. Asimismo, refuerza las garantías de los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo.
La Sala también aplica la doctrina consolidada del Tribunal Supremo según la cual los errores cometidos por la entidad convocante no deben perjudicar a los aspirantes indebidamente excluidos, sin que ello implique necesariamente privar de efectos a los nombramientos ya realizados.
Declaración de los letrados
Tras conocerse la resolución, los abogados Cristóbal Dobarro y Ana Montenegro, de Dobarro & Asociados, valoraron positivamente una sentencia que «restablece los principios de legalidad y de igualdad en el acceso al empleo, evitando que interpretaciones administrativas alejadas del tenor literal de la norma perjudiquen a los aspirantes».
Los letrados destacan que la resolución «reafirma que los órganos de selección deben aplicar estrictamente la normativa vigente y no pueden imponer cargas documentales adicionales cuando el ordenamiento jurídico ya reconoce expresamente la validez de determinadas acreditaciones».
