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La Policía Nacional ha entrado en la mañana de este martes en el Parlamento de Galicia tras recabar la debida autorización de su presidente, para efectuar un registro en las dependencias de AGE en el marco de una investigación contra la pornografía infantil articulada desde Madrid.
En concreto, los agentes han accedido al despacho de uno de los asesores del grupo que lidera Xosé Manuel Beiras, Ramiro Santalices Martínez, un militante de Esquerda Unida que llegó a ser candidato a la Alcaldía de Santiago en 2003 y que fue asesor de Esquerda Unida en el Concello de Ferrol siendo Yolanda Díaz primera teniente alcalde y posteriormente fue propuesto por dicho partido como administrativo del grupo en el gobierno del Partido Popular.
Asimismo fue candidato al Parlamento de Galicia como nº 6 en 1997; número 12, en 2001; número 8, en 2005 y número 10 en el 2009. Todo ello demuestra que Ramiro Santalices era un hombre de total confianza de Esquerda Unida y de su responsable Yolanda Díaz.
Precisamente en el tiempo que Ramiro Santalices ejecía en Ferrol como asesor de EU se había presentado una denuncia en los juzgados señalando que desde uno de los ordenadores del grupo municipal se había entrado en páginas de pornografía infantil, si bien no se pudo demostrar que fuera esta persona al ser un ordenador utilizado por ediles y militantes. Cabe recordar que como consecuencia de la denuncia el juez la archivó y los dos denunciantes fueron expulsados de la organización
ACUSACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO
Según fuentes policiales consultadas Ramiro Santalices Martínez está acusado de un supuesto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil en una operación que sigue abierta y en la que no se descartan más detenciones.
Durante el registro en su puesto de trabajo, tal y como han relatado otras fuentes de la Policía Nacional, el propio investigado –quien habría solicitado esa visita– entregó a los agentes «diversos efectos personales» relacionados con el caso.
En este escenario, ha sido el propio Beiras quien ha anunciado a los periodistas –flanqueado por Antón Sánchez (Anova) y Eva Solla (EU)– que el contrato de este administrativo ha sido rescindido de forma cautelar hasta que «se clarifiquen las cosas« y ha justificado la medida en que «está en juego la credibilidad y la ética» de todos los componentes de la coalición.
Consciente del difícil equilibrio entre «la presunción de inocencia» y la necesidad de poner «un cordón sanitario» con la actividad de AGE, ha asegurado que será «plenamente reintegrado» en su trabajo y «reparado» en su «dignidad» en caso de que resulte inocente.
«IMPLICAR» A AGE
Además, no ha pasado por alto la «hipótesis» de que exista «alguien que, insidiosamente, haga algo para que aparezca implicado» un trabajador de Alternativa, «un grupo que –ha argumentado– está mal visto por el poder».
Al hilo de ello, el veterano nacionalista ha dejado claro que lo ocurrido «no es problema de AGE» ni guarda relación con su «actividad política o cívica», de modo que ha pedido «no mezclar» estas cuestiones con las «actividades como ciudadano» de R.S.M.
A renglón seguido, cuestionado sobre el material intervenido, Beiras ha dicho que la única información que tiene de este hombre es que fue «detenido por un asunto grave», un delito tecnológico «relacionado con la pornografía y los menores», y que «parece» que no ha hecho esta «actividad» desde el Pazo do Hórreo.
Y, para respaldar su afirmación de que el caso no tiene «ninguna implicación política», ha esgrimido que el grupo ni siquiera fue advertido de la detención del ya extrabajador, de modo que la información que maneja procede del presidente del Parlamento a instancias de la Jefatura Superior de Policía. Sobre R.S.M., ha rechazado «inculparlo» ni hacer «juicios de valor por el momento».
ACCEDIÓ DESDE EL PARLAMENTO DE GALICIA
El asesor de Esquerda Unida (EU) –integrada dentro de la coalición AGE, Alternativa Gallega de Izquierda– detenido por la Policía por consumir y compartir pornografía infantil accedió a este tipo de archivos ilegales desde su ordenador del Parlamento de Galicia, según han informado fuentes conocedoras de investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que los investigadores detectaron la IP de este ordenador consumiendo pornografía infantil y esa fue una de las pistas que les llevó hasta el edificio del Parlamento y en concreto hasta Ramiro Santalices Martínez, arrestado este lunes.
Los agentes de la Policía Nacional registraron este lunes su casa y este martes se han personado en la sede parlamentaria para revisar también su ordenador. El arrestado ha pasado la noche en comisaría y está previsto que este miércoles sea trasladado al juzgado. Las fuentes consultadas indican que este tipo de investigaciones se hacen, bien porque se tiene indicios de que una persona concreta consume y difunde pornografía infantil, o porque se detecta el tráfico de este material y se tira del hilo hasta llegar a los responsables como ha ocurrido en este caso.
Añaden estas fuentes que es habitual que las personas que consumen este material también lo difundan en círculos cerrados. No se trata de grupos organizados, sino de comunidades que intercambian archivos sin necesidad de conocerse personalmente entre ellos, tan sólo a través de sus alias en la red.
En el caso de Ramiro Santalices Martínez compartía información con personas de otros países. Aunque la investigación continúa abierta, no están previstas más detenciones en España. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.
En este caso, el intercambio se hacía a través de correos electrónicos, siempre según las mismas fuentes. Estos grupos a veces recurren a la denominada ‘Dark web’ o ‘Deep Web’, mucho más difícil de detectar por las autoridades.
Según informó el Ministerio del Interior en una nota de prensa el pasado 6 de abril, sólo en 2015 la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional arrestó en España a 390 personas por explotación sexual infantil online.
