Ejecuciones e indultos

Manuel Molares do Val– (molares@yahoo.es-cronicasbarbaras.es)

Los españoles deberían disponer de un camino intermedio entre la ejecución de asesinos como en EE.UU. y su liberación por religiosidad tradicional o laica, o por tener que obedecer una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que encontró un hueco legal para soltar a unos sesenta etarras autores de casi 350 asesinatos.

Pocas horas después de que esos etarras se presentaran masivamente y exigieran una amnistía para otros 500 asesinos o sus cómplices, en Florida ejecutaban a Thomas Knight, mucho menos peligroso que cualquiera de ellos, porque mató solamente a tres personas, a dos de ellas hace cuatro décadas.

El primer ejecutado de 2014 en EE.UU. estaba en libertad vigilada por delitos anteriores cuando asesinó en 1974 al matrimonio dueño de una empresa que le dio trabajo, aun conociendo sus antecedentes.

Un año después, en España, y dos meses antes de la muerte del dictador, el régimen ejecutaba a tres miembros del FRAP y a dos etarras.

Knight todavía mataría en prisión a un carcelero, pero desde su primera condena a muerte en 1976 hasta su ejecución, hubo decenas de apelaciones que alargaron su espera.

Conmocionados por la guerra civil, las represalias y fusilamientos franquistas, e influidos por el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios de la tradición católica, la Constitución española de 1978 eliminó justamente la pena de muerte.

Pero a la vez excluyó injustamente el castigo prolongado, al que sustituyó por la “rehabilitación”, cuando hay tipos imposibles de rehabilitar, o cuyos crímenes horrorosos no merecen rehabilitación alguna.

¿O es que habría que rehabilitar a Hitler de haberlo capturado vivo y soltarlo a los veinte o treinta años de prisión, o a los alrededor de quince según el Código Penal español de 1973, que fue el que había corregido la Doctrina Parot y que invalidó Estrasburgo?

Cuando el Gobierno propone ahora crear la “prisión permanente revisable” para grandes criminales, la izquierda rechaza el proyecto, y lo hace por un prurito religioso.

España no ha dejado de ser católica: la derecha lo es con el aborto, por ejemplo, pero la izquierda no lo es menos arrogándose el poder sacerdotal de perdonar los pecados de los multiasesinos.