Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
La CIG ha presentado una iniciativa legislativa popular en la que recoge un total de 100 medidas para la creación de empleo como «alternativas» orientadas a una salida de la crisis «favorable a la clase trabajadora» y hecha desde una «perspectiva de defensa de los intereses nacionales«.
En una rueda de prensa celebrada este viernes, a las once y media de la mañana, en la sede de la CIG ferrolana el portavoz comarcal Xesús Anxo López Pintos y el responsable de organización de la CIG comarcal Mon Afonzo han explicado que en el próximo mes de enero el sindicato iniciará la recogida de firmas para registrar esta iniciativa que «ayudará» a sentar las bases para un desarrollo económico y social «más sostenible» y que supondría «un aumento del empleo y una mejora de derechos sociales».
«A través de otra política fiscal, del incremento del gasto social y de la inversión pública, de la creación de entidades financieras públicas al servicio de la ciudadanía y de nuestro tejido productivo, de políticas que favorezcan el empleo estable, unos salarios dignos y puestos de trabajo en Galicia, contribuiremos a construir una sociedad gallega más democrática, justa, solidaria y humanizada», señala la CIG en la ILP.
De este modo, a través de 28 artículos, la central sindical apuesta por medias que abarcan la política industrial y sectores productivos –capítulo uno–, en los que destaca la exigencia de que el Gobierno gallego participe a través de la constitución de empresas mixtas en nuevos proyectos industriales en el país, con medidas concretas para el sector agrario, la pesca, el naval, el tejido energético, la industria conservera o el textil.
Política laboral
El segundo de los capítulos que recoge esta ILP, conforme ha explicado López Pintos se dirige «íntegramente» a la política laboral. En este punto, ha exigido la derogación de las últimas reformas laborales; la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales, como medio para el reparto de trabajo y la generación de empleo; el incremento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60 por ciento del sueldo medio; así como la derogación de todas las últimas reformas del sistema público de pensiones.
El tercer capítulo se orienta al desarrollo de la política de empleo y los servicios sociales. Así, reclama que desde la «suficiencia presupuestaria» se establezca la obligatoriedad que los presupuestos autonómicos recojan medios técnicos y económicos que permitan mantener todos los servicios públicos sociales.
Por su parte, el cuarto de los apartados, relativo a la política fiscal, defiende el cambio del actual sistema por un modelo «equitativo, justo y redistributivo«. Entre otras cuestiones, pide la modificación del tratamiento fiscal de las rentas del capital en el IRPF, de modo que se les aplique el mismo trato que a las rentas del trabajo.
Política financiera
En su iniciativa, la CIG insiste en reclamar al Gobierno gallego la creación de una banca pública gallega. «Seguimos pidiendo, aunque hoy probablemente sea más complicado, la transformación de Novagalicia Banco en una entidad con titularidad de la Xunta de Galicia», ha apuntado.
Asimismo, en este quinto capítulo, el sindicato defiende exigir al Banco Central Europeo que preste dinero «directamente» a los Estados y las Comunidades Autónomas, en lugar de utilizar a las entidades financieras como intermediarios.
Por último, el sexto apartado, relativo a las políticas de inclusión laboral y social, apuesta por elaborar un proyecto de ley de creación de un salario de inserción laboral y social, dirigido a todas los desempleados que no cobren otro tipo de prestación pública.
También aboga por agilizar y flexibilizar los procedimientos de concesión de la renta de integración social de Galicia (Risga), así como por la defensa de las personas en riesgo de exclusión social.
