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Hasta tres ministerios, Interior, Empleo y Justicia trabajarán con Vicepresidencia del Gobierno, para estudiar las posibles medidas a adoptar para negar el acceso a prestaciones sociales del Estado a etarras que no se han arrepentido de sus crímenes ni han pagado sus indemnizaciones. Estos son los dos requisitos que ha establecido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado jueves.
Ha argumentado que si la Administración Pública hace «un esfuerzo de solidaridad en general con personas con necesidad económica», que al menos «se les puedan exigir estos compromisos como arrepentirse de los crímenes o tener satisfechas sus responsabilidades civiles».
En ese sentido, ha reconocido la existencia de «un grupo de trabajo interministerios» que analiza si estas prestaciones asistenciales, dentro de la Constitución Española, se puede condicionar su obtención al cumplimiento de estos compromisos legales o de arrepentimiento. «En ese punto estamos», ha dicho después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz avanzase el miércoles esta iniciativa tras la petición formulada en este sentido por UPyD en el Congreso de los Diputados.
Además, la vicepresidenta ha añadido que Inés del Río aún debe al Estado 253.000 euros que no están prescritos. Desde el Ministerio del Interior cifran en 19 millones de euros la deuda total que el Estado tuvo que asumir por las acciones terroristas de esta etarra. Ese dinero fue en su día anticipado por la Administración para hacer frente al pago de las indemnizaciones para sus víctimas ya que la terrorista se declaró insolvente.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha insistido en que esa cantidad corresponde a la parte que aún no ha prescrito. Por esta razón se van a bloquear los 31.500 euros con los que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España a pagar a la etarra por haber permanecido cinco años de mas en prisión por la aplicación de la doctrina Parot.
«No es que no se vaya a cumplir la sentencia de Estrasburgo, se va a compensar como consecuencia del embargo que el Estado puede hacer de los bienes de Inés del Río, esa deuda que ella tiene con el Estado computará como reducción de deuda», ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
(EUROPA PRESS)
