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La Junta de Fiscales de Sevilla ha expresado también su rechazo a los «abucheos» sufridos por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas de CCOO y UGT se concentraron frente a las puertas de los juzgados para pedir la libertad de los compañeros detenidos en el marco de la segunda fase de la operación ‘Heracles’.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía pone de manifiesto que, «a propuesta» de los fiscales Anticorrupción de Sevilla, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, la Junta de Fiscales de Sevilla reunida este jueves en sesión ordinaria «se suma» a las declaraciones «del fiscal general del Estado, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Junta de Jueces de Instrucción, rechazando los incidentes» del pasado día 10, cuando la juez Mercedes Alaya «fue abucheada a su salida del trabajo».
Por este motivo, la Junta de Fiscales de Sevilla solicita «el respeto de la sociedad y las instituciones hacia la tramitación de cualquier proceso judicial», un respeto «perfectamente compatible con el derecho a ejercer la crítica de las resoluciones judiciales».
Por último, muestra su «rotundo» apoyo hacia la labor que están realizando los fiscales Anticorrupción de Sevilla «bajo los principios de legalidad e imparcialidad» en las causas que les han sido asignadas.
El apoyo de la Junta de Fiscales de Sevilla a los fiscales Anticorrupción se produce después de que la propia juez dictara un auto en el que criticaba que hubieran solicitado la imputación de seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla y, posteriormente, pidieran el archivo de la causa al entender que los delitos habían prescrito.
En dicho auto, la juez recuerda que fue el Ministerio Público quien solicitó el 3 de abril de 2013 la declaración como imputados de los representantes legales de las entidades Realia Business, Prasa, Sociedad Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan Robles, que fueron los licitadores que concurrieron al concurso público convocado por Mercasevilla «con la presunta aviesa intención, junto a ésta y Sanma, de fijar artificialmente un precio favorable a ésta última a fin de que se adjudicara el referido concurso».
«ERROR» DE LA FISCALÍA
Tras ello, y a instancias de uno de los imputados, solicitó que se declarara extinguida la responsabilidad criminal de los empresarios por prescripción de los delitos, punto en el que Alaya asevera que «ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal», ya que tales delitos «estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones», un «error» que «seguramente» está «justificado» por la asistencia del fiscal «a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias».
Así, y en primer lugar, la juez critica que dicho «error» por parte del Ministerio Público ha provocado «cierto retraso en la tramitación» de las actuaciones, «pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año», y en segundo término ha originado «un esfuerzo inútil», pues «hubo que tomarles declaración» al considerar que «el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta en el precedente escrito».
Además, «ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente», a lo que hay que sumar, asimismo, «las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática».
(EUROPA PRESS)
