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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes al Parlamento el informe que denunció «un posible reparto previo» entre UGT y Comisiones Obreras de los recursos que adjudica la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Se trata de un informe sobre los primeros ocho años de funcionamiento de la Fundación que el Tribunal de Cuentas aprobó en noviembre de 2010 y que, hasta ahora, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) no había sido encontrado un momento para debatirlo.
En su informe, el Tribunal de Cuentas indicó que ese reparto entre los dos grandes sindicatos se ejecutaba con independencia del contenido de las acciones que desarrollaban y del resultado de las misma, lo que acababa afectando «al grado de eficacia y economía con que se desarrollan».
La institución completó su denuncia remarcando que, además, la comisión delegada de la entidad, que debería ser la que controlase la labor de la fundación, no cuenta con la asistencia de los miembros de la Administración, que apenas van a las reuniones.
Y la Administración, ni estaba
«La reiterada falta de asistencia a las reuniones de la Comisión Delegada por parte de los miembros pertenecientes a la Administración General del Estado podría provocar una insuficiente defensa de los intereses de dicha Administración General del Estado, cuya representación ostentan, lo que podría afectar al grado de eficacia y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos públicos», avisa el Tribunal.
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que comenzó a operar en el año 2000 y que está integrada en el sector público estatal, destinó a las actividades de prevención de riesgos laborales en los ejercicios 2007 y 2008 un total de 27,1 millones y de 26,67 millones de euros, respectivamente, lo que representó un 10,38% y un 9,34% en relación con el importe total destinado por el sector público estatal a estos conceptos en dichos ejercicios.
En ese periodo, se destaca que tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato de la Fundación —Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, de CC.OO) y la Confederación Intersindical Galega–, solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas.
Porcentajes casi idénticos
En este sentido, se explica que el porcentaje ejecutado por UGT fue del 44,3% del importe total de las acciones directas aprobadas, mientras que el ISTAS, adscrito a CC.OO., alcanzó un 44,1%.
«La existencia de porcentajes casi idénticos en la ejecución de acciones directas entre las organizaciones sindicales más representativas que forman parte del Patronato de la Fundación, reiterados a lo largo de las diferentes Convocatorias de asignación de recursos aprobadas por la Fundación, denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación, con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas, que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan las acciones», argumenta el Tribunal.
Un 9,8% de empresas privadas
El 9,8% restante de las actuaciones en este periodo fue ejecutado por empresas privadas, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asimismo, señala que, desde la primera Convocatoria de asignación de recursos aprobada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el año 2000 hasta la Convocatoria del año 2007, las mismas organizaciones sindicales y sus entidades vinculadas que, en su calidad de Patronos de la Fundación, propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones.
